Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, ha remarcado en sus declaraciones que el gobierno de la Generalitat poseía información crucial durante el suceso del 29 de octubre, pero quienes debían actuar no lo hicieron. En particular, se ha referido a las afirmaciones de José Miguel Basset, el entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, quien señaló que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, tenía la responsabilidad desde el principio de las emergencias. Según Basset, los bomberos se retiraron del barranco del Poyo sobre las 15.00 horas.
Morant ha destacado que la Generalitat disponía de información de diversas fuentes, como la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, además de recibir más de 19.000 llamadas de auxilio al servicio 112. Ha señalado que, a pesar de haber tenido acceso a toda esta información, los efectivos destinados a medir los caudales del barranco fueron retirados, según lo mencionado por Basset, por motivos relacionados con su horario de comida.
La ministra ha criticado la actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, destacando que incluso durante la tarde del suceso, estuvo en contacto con la consellera de Emergencias sin tomar decisiones efectivas. “Por acción u omisión”, Mazón “condicionó la respuesta negligente” de la administración, lamentó Morant, acusándolo de ser “el principal responsable” por la falta de medidas adecuadas durante la tragedia.
En otro punto, Morant censuró el acuerdo entre Mazón y Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2025, afirmando que Mazón “se ha vendido completamente a Vox”. Según Morant, las políticas actuales de la Generalitat son una “anomalía democrática”, ya que contradicen las expectativas de los votantes.
La socialista ha abogado por la convocatoria de elecciones anticipadas, argumentando que la administración de Mazón “no representa a la mayoría social valenciana”. Criticó además que Mazón no ha mostrado interés en la reconstrucción de las áreas afectadas, sugiriendo que su interés radica en su “recuperación política”. En contraste, Morant señaló la disposición del Gobierno de España de colaborar con los municipios afectados para implementar los fondos destinados a su recuperación.
