Mulet “ Urge derogar el Concordato que permite a la Iglesia ( sin razón) dificultar la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos”.

El portavoz de Compromís afirma que no es aplicable la inviolabilidad referida en el texto aprobado durante la transición.

Madrid, a 08 de enero de 2019. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha afirmado que la cobardía del gobierno del PSOE en cumplir su propio programa electoral y denunciar el Concordato con la Santa Sede, da alas a la parte más reaccionaria de la iglesia para justificar de manera torticera la negativa a exhumar del Valle de los Caídos el cuerpo del genocida dictador Francisco Franco.
Mulet, quien también ha exigido al Gobierno derogar el Decreto ley de 1957 que creaba la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos y permitía el convenio del 58 con la orden benedictina para gestionar el recinto, ha pedido hoy ir más allá y cumplir con la aconfesionalidad consagrada en la Constitución Española.
Según el portavoz de Compromís “ la ultraderecha, en especial la Fundación Francisco Franco, que recordemos, continue siendo legal en España, se acoge al texto del Concordato del Estado Español con la Santa Sede en cuanto al concepto de inviolabilidad”
¿Qué dicen los artículos 1.5 y 1.6 del Concordato?

5. Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente.
6. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de 1os Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiástica

Por lo tanto, esta supuesta inviolabidad únicamente hace referencia a la demolición o expropiación, no a la entrada en él, más, dentro de un inmueble titularidad del Estado; no se trata ni se trataría de ningún allanamiento como quiere interpretarse de manera interesada.
Respecto a la profanación de tumbas: el artículo 526 del Código Penal explica que “El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”.
Aquí, por lo tanto, sería necesario que para la salida del cuerpo existirá un falta al respeto debido a la memoria de los muertos, violación de sepultura o profanación de un cadáver, cuando se trata de una exhumación respetuosa con quien no merece respeto alguno ( la profanación también necesita para ser considerada como tal, un falta de respeto al cadáver, idénticamente que el concepto de violación de una sepultura).
Mulet ha recordado que la Abadía del Valle de los Caídos es titularidad del Estado, concretamente de Patrimonio Nacional, y el convenio suscrito en 1958 con la orden benedictina le atribuía una serie de funciones entre las cuales no estaban el oponerse a las decisiones del Gobierno, el mismo Decreto Ley de 1957 que creaba la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, así como el posterior convenio con la Orden, dejan claro que la encomienda a la orden de gestionar el recinto es intemporal pero revocable en cuanto esta incumpla con sus cometidos, y se reserva al Estado la posibilidad de pedir a la Santa Sede un cambio en la Orden.
El portavoz de Compromís ha reiterado que a pesar de ser indefendible la negativa ejercida por el prior fascista del Valle de los Caídos a la exhumación de Franco, con la ley en la mano no existe impedimento real, ni en el Código Penal, ni en el Concordato, ni el el Decreto Ley de 1957, que impida sacar el cadáver del mausoleo, pero esta situación de bloqueo demuestra como de urgente es derogar el Decreto del 57, sacar a los benedictinos del recinto, y derogar el Concordato con la Santa Sede, para llegar a acuerdos como con el resto de confesiones religiosas, que reconozca el peso capital de la iglesia católica y su carácter mayoritario en España, pero también su ámbito de decisión, y el respeto a la aconfesionalidad del Estado.
 

 

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