Una multitudinaria manifestación celebrada en la ciudad de Valencia este martes 25 de noviembre ha exigido el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres, la mejora de los servicios públicos y el fin de la impunidad de los agresores. Cándida Barroso, portavoz del Moviment Feminista de Valencia, declaró antes del inicio de la marcha, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la importancia de disponer de suficientes recursos habitacionales, psicológicos y jurídicos para apoyar a las víctimas.
Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, unas 2.000 personas participaron en la manifestación, resaltando la urgencia de fortalecer las políticas públicas con recursos adecuados y una gestión transparente. Durante la protesta, se escucharon consignas en valenciano y castellano como “Ni una menos” y “No es no, lo demás es violación”.
La marcha inició en la calle Navarro Reverter y recorrió las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo, concluyendo en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto y los nombres de las 71 mujeres fallecidas durante el último año por violencia de género.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, participó también en el evento y destacó la necesidad de un consenso social e institucional para luchar contra la violencia de género, así como contra la violencia vicaria. Asimismo, expresó su preocupación por el posible impacto negativo de los acuerdos políticos con quienes niegan esta realidad.
Cándida Barroso señaló diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia en la pareja, económica, institucional y digital, criticando la falta de avance en las medidas contra la violencia de género en la Comunitat Valenciana.
El manifiesto leído durante el evento también abordó el negacionismo de la extrema derecha y alertó sobre su impacto negativo en los derechos de las mujeres y el medio ambiente. Se subrayó que la violencia machista continua afectando vidas y que resulta preocupante su aumento entre menores. Además, se denunció la explotación estructural a través de la gestación subrogada y la prostitución.
Finalmente, el texto reconoció la necesidad de visibilizar las formas de violencia contra mujeres con discapacidad, migrantes, mayores y dependientes, así como de proteger el derecho al aborto en la sanidad pública.