La nueva Oficina Antiocupación, integrada en la Policía Local de Valencia, nace con el objetivo de ofrecer asistencia técnica y jurídica a los vecinos que sufran una ocupación ilegal de su vivienda. Esta medida, aprobada por la Junta de Gobierno Local, responde al aumento de casos y al creciente temor de los propietarios.

Valencia se blinda frente a la ocupación ilegal: una respuesta institucional al auge de las usurpaciones

El Ayuntamiento de Valencia ha dado un paso firme en la protección de la propiedad privada con la creación de la Oficina Antiocupación, una nueva estructura municipal que dependerá directamente de la Sección Administrativa Centralizada de la Policía Local. Su misión será clara: asistir a los ciudadanos en casos de usurpación o allanamiento de viviendas, facilitando los trámites necesarios para iniciar procesos judiciales rápidos y ofreciendo seguridad jurídica a los afectados.

Esta nueva oficina fue aprobada el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local, y fue anunciada previamente por la alcaldesa María José Catalá, en el marco de su estrategia de políticas públicas de vivienda.

“Un problema real que va en aumento”

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, fue contundente al presentar la medida: “La ocupación es un problema real y global que afecta a toda España, y en Valencia también va in crescendo”. Los datos lo respaldan: en 2023 se registraron 796 intervenciones de la Policía Local relacionadas con ocupaciones ilegales, en 2024 fueron 810, y en lo que llevamos de 2025 ya se han contabilizado 144 actuaciones.

“Esto demuestra que no es una cuestión puntual. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, aseguró Caballero. “Aunque fueran solo cinco viviendas, debemos garantizar la seguridad jurídica en nuestra ciudad”.

Un servicio municipal al servicio del ciudadano

El objetivo principal de esta nueva oficina será ofrecer asistencia personalizada a los propietarios afectados. Ya sea por una ocupación violenta —como entrar a una vivienda tras forzar la puerta— o por impagos prolongados en un alquiler, la Oficina Antiocupación actuará como un punto de apoyo técnico y legal para canalizar de forma eficaz y rápida las denuncias y procesos judiciales.

Según Caballero, se pretende agilizar la celebración de juicios rápidos, facilitando el acceso a los recursos legales y reduciendo la carga administrativa para los afectados.

“Esta oficina no solo facilitará los trámites, sino que acompañará al ciudadano durante todo el proceso legal. Queremos estar del lado de quien cumple con la ley”, enfatizó el concejal.

Un freno al miedo: recuperar viviendas vacías

La creación de esta oficina se enmarca también en un contexto más amplio: la política de vivienda impulsada por la alcaldesa María José Catalá, que busca no solo construir nuevas viviendas públicas, sino también reactivar el mercado de alquiler.

Caballero señaló que, según el Infobarómetro Municipal, uno de cada cuatro pisos vacíos en Valencia no sale al mercado por miedo a la ocupación. Un dato que ilustra cómo la inseguridad jurídica impacta directamente en la oferta de alquiler, encareciendo los precios y limitando el acceso a la vivienda.

“Lo que vamos a dar es seguridad jurídica. Vamos a decir alto y claro que esta es una administración que protege a los propietarios”, reiteró el edil.

Apoyo jurídico, psicológico y logístico

Aunque todavía se está perfilando el protocolo interno de funcionamiento de la oficina, desde el Ayuntamiento se ha avanzado que contará con un equipo multidisciplinar que incluirá asesoría jurídica, coordinación policial y atención ciudadana. En casos más complejos, se podría incluso derivar asistencia psicológica, especialmente si el propietario afectado es una persona mayor o vulnerable.

Este servicio buscará también evitar conflictos vecinales y canalizar las situaciones de ocupación a través de vías institucionales, evitando que los ciudadanos recurran a métodos ilegales para recuperar su propiedad.

¿Una solución exportable a otros municipios?

La creación de una Oficina Antiocupación con vinculación directa a la Policía Local es una medida pionera en el ámbito municipal, que podría servir de modelo para otras ciudades. Aunque algunas comunidades autónomas ya cuentan con mecanismos similares, el enfoque de Valencia es más integral y cercano al ciudadano.

La alcaldesa Catalá ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos actúen, incluso ante la inacción del Gobierno central: “Si no se cambian las leyes para proteger a los propietarios, al menos las administraciones locales debemos poner todos los recursos disponibles para ayudar a quienes sufren esta situación”.

Testimonios: cuando la ocupación toca la puerta

Carmen López, vecina de Benicalap, heredó una vivienda de su madre y no pudo alquilarla por miedo a una ocupación: “Tengo todo en regla, pero cuando fui a enseñarla, unos amigos me advirtieron que tuviera cuidado, que si se colaban y no podía echarlos, me arruinarían. La he dejado cerrada por miedo”.

En otro caso, Julián Gomis, propietario en la zona de la Malvarrosa, tuvo que iniciar un proceso judicial de más de un año para recuperar su piso: “Dejaron de pagar al segundo mes. Me costó miles de euros entre abogados y pérdidas. Si hubiera existido esta oficina entonces, me habría ahorrado muchos disgustos”.

¿Y qué pasa con los ocupas vulnerables?

Uno de los grandes desafíos que plantea la ocupación es el de los ocupas por necesidad, personas en situación de exclusión social que entran en viviendas vacías como último recurso. Desde el consistorio se ha aclarado que estos casos deberán tratarse con sensibilidad y, cuando corresponda, derivarse a los servicios sociales municipales.

No obstante, Caballero ha dejado claro que la prioridad es proteger el derecho a la propiedad y fomentar un mercado de alquiler seguro.

“Regularizar el mercado también es una forma de ayudar a quienes necesitan vivienda. Si hay más pisos en alquiler, a precios justos, todos salimos ganando”, concluyó.