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Nomdedéu: ‘El Consell fuerza al Ministerio de Trabajo a negociar la Estrategia Española de Empleo y no acepta el reparto de fondos de la Conferencia Sectorial’

Nomdedéu destaca que el paro se ha reducido un 10 por ciento durante este año.

La Generalitat, a través del SERVEF, ente adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, “ha conseguido, con el apoyo de otras nueve comunidades autónomas, paralizar la Estrategia Española de Empleo del Ministerio de Trabajo”, según ha informado el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.

“Tras unas duras negociaciones, las comunidades no gobernadas por el PP han sabido reaccionar a la imposición del Ministerio, que pretendía aprobar una estrategia y unos fondos que poco o nada tenían que ver con las políticas de empleo” marcadas, en este caso, por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha indicado.

“La única manera de paralizar la imposición del Ministerio ha sido renunciar de manera mayoritaria a los fondos que proponían, forzando así una nueva convocatoria en la que las 10 comunidades autónomas esperan poder negociar y pactar”, ha precisado.

Nomdedéu y la directora de formación del SERVEF, Rocío Briones, han llevado el peso de las negociaciones que se han prolongado durante más de cinco horas. A juicio de Nomdedéu, “la unión de las comunidades no gobernadas por el PP ha sido fundamental para evitar el atropello que pretendía el Gobierno central”. “Las políticas de empleo juveniles o para mayores de 45 años están en juego”, ha advertido.

Según ha expuesto, estas comunidades han rechazado el reparto de fondos de Conferencia Sectorial al no existir “un compromiso financiero real, más allá del mantenimiento de los niveles actuales de financiación, los cuales son insuficientes y muy por debajo de los 3.200 millones de 2011”, lo que supone 1.400 millones más que el presupuesto actual.

En este sentido, los gobiernos autonómicos consideran que las comunidades no son “meras subcontratas que distribuyen el dinero que reparte el Ministerio, sino que son responsables y competentes en materia del diseño y ejecución de las políticas activas, lo que implica una responsabilidad en la distribución de estos fondos”.

Estas comunidades (Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Catalunya, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunitat Valenciana, reclaman a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que convoque la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes para replantear y pactar una Estrategia que se adapte a la situación del mercado actual y a las realidades de cada comunidad autónoma.

Tal y como ha informado Nomdedéu, las comunidades citadas han criticado con dureza el hecho que el Ministerio haya distribuido una nota de prensa de otro punto del orden del día, el reparto de fondos para políticas activas, anunciando una distribución que aún no se había sometido a votación en el seno de la Conferencia Sectorial y que corría el riesgo de no ser aprobada, como finalmente ha sucedido, por lo que se ha tachado de “irresponsable” la actitud del Ministerio.

En cuanto al contenido del documento propuesto por el Gobierno, rechazan el diseño de la Estrategia por no centrarse en asuntos fundamentales tales como las políticas dirigidas a colectivos prioritarios (jóvenes, mayores de 45 y parados de larga duración) y, en su conjunto, supone una prórroga de la Estrategia de 2012, pero en 2017 y de las políticas de austeridad auspiciadas por la reforma laboral, pero en un contexto de crecimiento económico.

La Estrategia también evita abordar cuestiones clave relacionadas con la calidad en el empleo, como la precariedad laboral, la temporalidad y parcialidad, la devaluación salarial y el recorte que han sufrido las prestaciones y subsidios. Por ello, estas comunidades presentaron ayer un documento alternativo a la Estrategia propuesta, que plantea políticas más inclusivas.

Por otra parte, la Estrategia pone en evidencia, en opinión del Consell, la voluntad del Gobierno de reducir los servicios públicos de empleo en favor de empresas privadas de colocación, “que ahondarán en el debilitamiento de los servicios públicos y debilitarán aún más la situación de los colectivos más vulnerables”.

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