Una funcionaria del centro penitenciario de Picassent ha resultado herida este viernes tras intervenir en una pelea entre internas en uno de los módulos de mayor conflictividad del recinto. El incidente se ha producido en el módulo de primeros grados, donde cumplen condena internas catalogadas como especialmente peligrosas por su reiterada implicación en episodios violentos.
Según la información trasladada por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), dos internas comenzaron una pelea a golpes en el patio del módulo. Al acudir las funcionarias de servicio para separar a las implicadas, una de las reclusas aprovechó la intervención para agredir a una trabajadora, golpeándola con fuerza en la zona del oído y la mandíbula.
La funcionaria tuvo que ser atendida inicialmente por los servicios médicos del propio centro penitenciario y, posteriormente, fue trasladada a un servicio de urgencias para la realización de pruebas complementarias, ante la posibilidad de lesiones de mayor alcance.
Desde el sindicato denuncian que este tipo de episodios no son aislados y reclaman el traslado inmediato de la interna agresora a otro centro penitenciario, al tiempo que alertan del clima de inseguridad creciente en los módulos de régimen más duro.
El comunicado sindical pone el foco en la falta de protección legal de los trabajadores penitenciarios fuera de Cataluña, donde recientemente se ha reconocido a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad, una figura que conlleva un mayor reproche penal para los agresores. En el resto del Estado, denuncian, esta medida sigue bloqueada pese a haber sido admitida a trámite en el Congreso, acumulando decenas de prórrogas parlamentarias que han impedido su aprobación definitiva.
“Cada agresión que se produce sin que exista una protección jurídica real aumenta la responsabilidad política del Gobierno”, advierten desde TAMPM, que acusa al Ejecutivo de prolongar una situación de abandono que deja a los trabajadores expuestos a la violencia en su puesto de trabajo.
El suceso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los funcionarios de prisiones, especialmente en módulos de alta conflictividad, y reabre el debate sobre la necesidad de reforzar su protección legal y operativa para evitar que este tipo de agresiones sigan normalizándose en el sistema penitenciario español.
