La nueva ley de Costas de Valencia comenzará su proceso de tramitación parlamentaria en Les Corts, contando con un mecanismo de compensación para aquellos afectados por los deslindes del Gobierno. Este aspecto, incluido en la normativa impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, impactará alrededor de 61 kilómetros del litoral de la Comunidad Valenciana.
La normativa estipula que cualquier nueva urbanización que se inicie en el litoral de Valencia deberá reservar terreno para ofrecer alternativas habitacionales a los afectados por los cambios en el dominio marítimo-terrestre efectuados por el Ministerio de Transición Ecológica. Específicamente, los urbanizadores, principalmente los ayuntamientos, tendrán que garantizar un “aprovechamiento equivalente” al espacio que los afectados poseían antes de que sus inmuebles fueran incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. Esto será posible siempre que el suelo hubiera sido destinado a usos residenciales o comerciales y ocupado con un título legítimo.
Los municipios que participen en proyectos de ampliación urbanística deberán reservar entre un 1% y un 5% del nuevo terreno para los afectados. Además, en los concursos se dará prioridad a las propuestas que superen este porcentaje del 5% fijado como máximo. La cesión a la Generalitat se realizará sin cargas al término de las obras de urbanización.
El terreno así reservado será destinado exclusivamente a quienes hayan tenido un título legítimo sobre inmuebles en el dominio público marítimo-terrestre, permitiéndoles ser compensados con este nuevo suelo. Los afectados tendrán un plazo de un año desde su notificación para aceptar esta oferta, a cambio de renunciar a cualquier derecho de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre. El sistema de cuantificación de los derechos a la adjudicación de suelo será regulado por el área de Medio Ambiente, asegurando un balance justo entre el derecho cedido y el suelo recibido, a fin de restituir el uso perdido conforme al título habilitante original.
