Después de seis años, se concede otra prórroga para investigar el robo de la EMT
El paso del tiempo no parece afectar al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que parece estar sumido en una especie de pausa interminable desde que se hizo cargo del caso de fraude de la EMT hace seis años. No ha habido progresos significativos, a pesar de tratarse de uno de los mayores fraudes contra una empresa pública en la historia de España. Este incidente tuvo lugar en Valencia durante 20 frenéticos días de septiembre de 2019. Sin embargo, tal y como sugiere el conocido refrán valenciano, “a arrancada de toro, parada de burro”.
Para aquellos que necesiten refrescar la memoria, desde el 3 hasta el 23 de septiembre de 2019, Celia Zafra, quien era entonces directora de administración de la EMT de Valencia, permitió la transferencia de 4,2 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong. Esto sucedió después de que recibiera correos electrónicos y llamadas de alguien que se hacía pasar por abogado de Deloitte. Dicho impostor le aseguró que Giuseppe Grezzi, presidente de la EMT en ese momento, había autorizado la compra de una empresa en China. ‘Grezzi’ incluso llegó a comunicarse con Zafra, utilizando un lenguaje inusual, para insistir en que la operación debía mantenerse en secreto. Zafra, quien contaba con casi 40 años de experiencia en la compañía, compartió las firmas y DNI de los apoderados con el supuesto abogado, quien, a su vez, remitió las órdenes de transferencia ya firmadas, que ella procesó a través de Caixabank. En total, se hicieron más de diez transferencias que rápidamente vaciaron las cuentas. Fue el 23 de septiembre cuando el banco, al notar actividad sospechosa, contactó con la empresa y el entonces gerente, Josep Enric Garcia Alemany, detuvo las transacciones. Ahí fue cuando se descubrió la trama: la EMT había sido víctima de un “fraude del CEO” y los 4,2 millones de euros habían desaparecido. A pesar de las denuncias ante la Policía Nacional y las autoridades chinas, solo quedaron 150.000 euros en las cuentas de destino.
El caso llegó al juzgado, recayendo en el número 18 de Valencia, conocido por su lentitud. En ese juzgado se han tratado casos como Taula o Imelsa. En 2019, el Consejo General del Poder Judicial ya lo había investigado debido a quejas sobre la demora en sus procesos, especialmente en casos políticos de relevancia en la Comunitat Valenciana. Mientras tanto, los asuntos laborales y económicos se resolvieron rápidamente: se determinó que el despido de Zafra era procedente al romper la confianza empresarial al compartir datos personales de los apoderados, y se la consideró responsable contable del desfalco. Sin embargo, Zafra no dispone del dinero que el Tribunal de Cuentas le exige.
Lo que sigue estancado es la investigación penal sobre quién es realmente responsable de lo sucedido. En Hong Kong, dos ciudadanos chinos fueron sentenciados, pero nunca aparecieron. Ante esta situación, el juez ha enviado comisiones rogatorias a Kenia e Irlanda para investigar sobre los titulares de la cuenta de Gmail desde donde se enviaron los correos. La dirección de correo estaba diseñada para parecer oficial de Deloitte y, junto con la llamada que Zafra recibió en español con acento de España, convencieron a Zafra de que todo era auténtico. Desafortunadamente, era un engaño y cuando intentaron reaccionar, el dinero ya había desaparecido.
