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Nueva York quiere limitar las licencias a vehículos de alquiler con conductor

Nueva York podría convertirse en la primera ciudad de Estados Unidos que limita la emisión de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber, ya que el ayuntamiento quiere aprobar un proyecto de ley en este sentido, aplaudido hoy por el sector del taxi, al que acucia la competencia.

El paquete de medidas para limitar el número de licencias de VTC se someterá a votación el próximo 8 de agosto y, con toda probabilidad, saldrá adelante.

La nueva legislación que debate el consistorio del demócrata Bill de Blasio supondría, entre otras cosas, paralizar la emisión de licencias para VTC durante un año -a la espera de un estudio que lo corrobore- excepto en lo casos que son accesibles para sillas de ruedas, y regular un pago mínimo para los conductores.

Asimismo, se crearía un nuevo marco regulatorio con una categoría que englobe a Uber, Lyft y otras compañías que realicen 10.000 viajes o más al día, en base al cual la ciudad pueda limitar las licencias por área geográfica y también evitar renovarlas si no se justifica una necesidad.

La Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, que agrupa a unos 18.000 conductores, ha estado reclamando una regulación de los VTC desde 2015, cuando la ciudad debatió sin éxito medidas similares y “comenzó una devastadora crisis” que se ha “cobrado la vida de seis hermanos” y ha provocado “bancarrotas y desahucios”.

En el último medio año, ha habido seis casos de suicidio entre los conductores de taxis y en ese sector apuntan a la presión de los VTC, que han provocado una caída en los precios de los “medallones”, como se conoce al permiso para operar taxis en Nueva York, por los que muchos se endeudaron al considerarlos una inversión.

Diferentes sindicatos se concentraron hoy frente al Ayuntamiento y la directora de la Alianza, Bhairavi Desai, advirtió a Uber que no conseguirá que su “agenda corporativista divida a los conductores” de taxis y de VTC porque “ambos comparten los mismos problemas”, en referencia a los bajos salarios y la saturación del negocio.

Desde el intento de 2015, indicó De Blasio recientemente en una radio local, hay “más pruebas” de que Uber y similares circulan “vacíos” y su modelo de negocio, aseguró, es “inundar la zona,tener montones de conductores, hacer que compitan unos contra otros y, muchas de las veces, que no ganen demasiado dinero”.

Cuando Uber llegó a la ciudad, el número de VTC era 63.000, pero ahora la Alianza estima que su presencia asciende a 130.000, frente a unos 13.500 taxis amarillos y unos 4.000 verdes, que circulan mayoritariamente fuera del distrito de Manhattan.

Paralelamente, el coste de los “medallones” necesarios para operar los taxis se ha desplomado: en 2013 alcanzaron un coste de 1,3 millones por licencia y hoy valen entre 160.000 y 250.000 dólares, según The New York Post.

Uber, por su parte, ha invertido en una campaña publicitaria que alega que las propuestas de Nueva York, su mercado más grande en el país, “dejarán tirados” a los vecinos de fuera de Manhattan, especialmente en comunidades minoritarias y de renta baja, y no resolverá la congestión del tráfico ni los problemas de los taxistas.

La ciudad más poblada de EE.UU. tiene un sistema de transporte público dependiente del estado que adolece de antigüedad, y sus usuarios critican recurrentemente la subida de los precios y la lentitud en la modernización de sus infraestructuras, lo que conlleva paros y lentitud en a diario y en horas punta.

Precisamente hoy, el ayuntamiento respondió a la campaña de Uber con la creación de una oficina específica dirigida a investigar los “rechazos” de potenciales clientes por parte tanto de taxis como VTC, dar formación antidiscriminatoria a los conductores y facilitar las denuncias de los ciudadanos, además de imponer sanciones.

Entre los conductores de VTC también hay apoyo a las medidas: el gremio de Conductores Independientes, que defiende los derechos de unos 65.000 conductores de Uber, Lyft, Juno y otras aplicaciones en Nueva York, celebra que su aprobación pueda resultar en un aumento del salario mínimo del 23 %, lo que permitiría cubrir sus gastos.

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