El juez Pedraz amplía el caso Leire e imputa a la presidenta de la SEPI y a otros 24 investigados

La investigación del denominado caso Leire continúa creciendo. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado imputar a 25 personas, entre ellas la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, dentro de una causa que investiga presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales y en la concesión de ayudas públicas.

La decisión amplía de forma significativa el alcance de una investigación que hasta ahora se centraba en un número más reducido de personas y empresas.

Un exalto cargo valenciano, entre los investigados

Entre los nuevos investigados figura también el valenciano José Vicente Berlanga Arona, expresidente de Enusa, empresa pública encargada del suministro de uranio para las centrales nucleares españolas.

Berlanga desarrolló anteriormente una larga trayectoria en el PSPV-PSOE de Valencia y ocupó distintos cargos de responsabilidad antes de asumir la presidencia de Enusa durante la etapa en la que José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

La investigación alcanza a altos cargos de empresas públicas

Además de Belén Gualda y José Vicente Berlanga, el magistrado ha acordado investigar a responsables y exdirectivos de la SEPI, Enusa, Tubos Reunidos, Mercasa, Isdefe y otras entidades públicas y privadas.

Entre ellos aparecen directivos vinculados al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, consejeros de compañías industriales y antiguos responsables de distintas administraciones.

La Fiscalía aprecia posibles indicios de delito

Según la resolución judicial, el juez adopta esta decisión después de analizar un informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que se aprecian “indicios de criminalidad”.

La investigación pretende aclarar si existieron actuaciones destinadas a influir tanto en procedimientos judiciales como en la concesión de ayudas públicas, especialmente relacionadas con la financiación concedida a la empresa Tubos Reunidos.

El foco se amplía más allá de Tubos Reunidos

De acuerdo con las diligencias, la Fiscalía sostiene que un grupo de personas habría realizado gestiones para favorecer determinadas decisiones administrativas.

Los investigadores analizan diversos pagos efectuados a través de una empresa intermediaria que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podrían ocultar la verdadera naturaleza de esas actuaciones.

Con esta nueva resolución, la investigación deja de centrarse exclusivamente en Tubos Reunidos y extiende el análisis a otras sociedades públicas, entre ellas Enusa, ampliando considerablemente el alcance del procedimiento judicial.