El Consell de Valencia ha dado a conocer un plan integral para enfrentar la ocupación e ‘inquiocupación’ de viviendas. Este programa incluye un nuevo teléfono de atención al público, el 012, y una oficina especializada en antiocupación, además de apoyo en la red de oficinas de asistencia a víctimas del delito y Justiprop. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, presentó estas medidas tras reunirse con Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias e Interior y Nuria Martínez, consellera de Justicia y Administración Pública.
El plan, coordinado entre varias conselleries, establece una oficina dedicada a las víctimas de ocupaciones y un centro de llamadas para atención inmediata mediante un número gratuito. Mazón detalló que la medida contempla asesoramiento legal y apoyo psicológico para los propietarios a través de las 37 oficinas de asistencia a víctimas del delito y las 66 oficinas municipales Justiprop, ofreciendo “103 puntos especializados en la Comunitat Valenciana”.
El presidente del Consell destacó que las oficinas brindarán acompañamiento desde el primer momento para quienes sufran una ocupación. El personal de estas oficinas ha recibido formación para atención especializada, y los abogados en oficinas municipales se formarán a través de colegios profesionales.
El plan también incluye protocolos para policías y empleados públicos, así como una guía de prevención de ocupaciones. Además, se establece formación para policías autonómicas y locales en el Ivaspe para ofrecer asistencia inmediata, con un protocolo en el 112 para coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hay acuerdos con Registradores de la Propiedad para un acceso rápido a información de propiedad, y coordinación con Servicios Sociales para evaluar situaciones de vulnerabilidad.
Mazón expresó que, aunque la administración autonómica ha utilizado todas sus competencias, es necesario que el Gobierno central y las Cortes Generales tomen más medidas. Insistió en derogar la Ley de Vivienda estatal y reformar la normativa para agilizar los procesos judiciales y reforzar la autoridad de las fuerzas de seguridad. También solicitó desgravaciones para inmuebles ocupados y eliminación de impuestos por rentas impagadas.
El presidente subrayó que la ocupación es un problema significativo, causando alarma social y afectando derechos fundamentales. Remarcó que las denuncias han aumentado significativamente en la Comunitat Valenciana. Además, destacó que ya hay 300 ayuntamientos adheridos al Plan Vive y se han lanzado proyectos para viviendas protegidas, con un objetivo de crear 10.000 viviendas públicas en esta legislatura.
