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Las obras escolares detenidas ascienden a más de 250 millones de euros y afectan a 66 centros educativos.
El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, informó este lunes sobre la paralización desde hace más de un año de obras escolares que representan una inversión de 251,2 millones de euros, fondo público destinado a su financiamiento. Estas obras, cuya tramitación dependía de los respectivos ayuntamientos, no han avanzado en el último año en el mejor de los casos.
Las intervenciones forman parte del plan Edificant, lanzado por el Consell del Botánico en 2017, con el objetivo de acelerar las mejoras y construcciones necesarias en centros de titularidad pública, incluyendo colegios, institutos, guarderías, escuelas de adultos y enseñanzas de régimen especial como conservatorios o escuelas de idiomas.
El programa otorgaba a las administraciones locales interesadas la competencia para llevar a cabo los trabajos, abarcando desde estudios preliminares hasta la redacción de proyectos y licitaciones de obras. Mientras los consistorios se encargaban de los concursos públicos, la Generalitat aseguraba la inversión necesaria.
Recientemente, la Conselleria de Educación envió comunicados a ayuntamientos que no han hecho progresos administrativos en el último año, iniciando el expediente de revocación. Esto significa que la conselleria recuperará la competencia sobre la infraestructura para llevar a cabo los trabajos a través de sus servicios de contratación propios, a menos que una nueva evaluación justifique su necesidad. Según fuentes del departamento liderado por José Antonio Rovira, la decisión aún no es definitiva, ya que los municipios afectados pueden presentar documentación en el plazo de alegaciones, que, si es adecuada, podría revisar la revocación.
El director general, mediante un comunicado, señaló que el viernes pasado se envió una carta a 46 municipios que suman 66 intervenciones del Edificant, con demoras de más de un año. “Hasta el momento no vemos progresos en el registro de la plataforma del plan”, afirmó Larena.
Recordó que el Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, que dio origen al programa botánico, establece que la delegación puede revocarse si después de un año de su firma, la entidad local no ha realizado la licitación, adjudicación o ejecución necesaria para las competencias delegadas. Aunque la posibilidad de revocación ya existía, su especificación de un periodo de doce meses se desarrolló en 2023 con el PP, mediante un cambio normativo en la ley de acompañamiento a los presupuestos.
“La conselleria no busca señalar culpables, pero es crucial entender las causas de estos retrasos. Por eso, se ha dado un plazo de diez días hábiles para que los ayuntamientos presenten sus explicaciones y alegaciones”, explicó Larena, quien también defendió la necesidad de un “uso eficiente de los recursos”. Destacó que “en un momento especialmente complicado, con todo el Gobierno valenciano haciendo un esfuerzo presupuestario debido a la riada de octubre, no se puede tener dinero comprometido y detenido”.
Indicó que en muchos casos, la demora es difícil de entender, ya que ha pasado mucho más de un año sin avances visibles. De las 66 delegaciones afectadas, hay dos de 2018, tres de 2019, dos de 2020, cinco de 2021 y 16 de 2022. Otras 38 corresponden a 2023, con la particularidad de que 17 de estas se aprobaron en mayo de 2023, durante las elecciones autonómicas y municipales, y dos con el anterior gobierno en funciones.
Larena subrayó que la conselleria aboga por un plan de infraestructuras educativas “más eficiente con los recursos públicos” y afirmó que Edificant “no ha cumplido las expectativas, sobrecargando a los ayuntamientos, retrasando obras y reteniendo fondos que podrían dedicarse a otras iniciativas”. Además, destacó que el programa ha sido afectado por el aumento de los costos de materiales en los últimos años, lo que ha ralentizado las obras.
