Una familia desalojada por el grave incendio del pasado mes de febrero en el barrio Miguel Hernández de Alicante ha sufrido un nuevo revés cuando estaba a punto de recuperar la normalidad. La Generalitat le había adjudicado una vivienda pública recién rehabilitada, pero tres días después de recibir las llaves descubrió que el inmueble había sido ocupado sin autorización. La Administración autonómica ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional e intenta recuperar el piso para sus legítimos adjudicatarios.
Una familia de Alicante que llevaba ocho meses esperando una solución habitacional definitiva tras perder su vivienda en un incendio ha visto frustrado su regreso a la normalidad por la ocupación del piso público que acababa de recibir.
Los afectados habían conseguido finalmente la adjudicación de un inmueble perteneciente al parque público de la Generalitat Valenciana, ubicado en la plaza Yolanda Escrich, en el barrio Miguel Hernández.
La vivienda había sido rehabilitada recientemente mediante una inversión de aproximadamente 32.000 euros y se encontraba preparada para recibir a sus nuevos inquilinos.
El viernes 16 de octubre, la familia recibió las llaves después de formalizar la adjudicación y firmar el correspondiente contrato de arrendamiento.
Solo quedaba realizar los trámites necesarios para dar de alta los suministros.
Sin embargo, el lunes 19 de octubre, cuando pretendían acceder a su nuevo hogar, descubrieron que otras personas habían entrado y ocupado la vivienda.
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Un incendio en febrero les obligó a abandonar su casa
El origen de este caso se remonta al 16 de febrero de 2026, cuando un violento incendio se declaró en un edificio de viviendas sociales situado en el número 6 de la calle Pavía de Alicante.
El fuego comenzó alrededor de las 6.43 horas en la última planta y se propagó rápidamente a otras viviendas.
Las llamas y los daños provocados por la extinción obligaron a desalojar los tres edificios situados en los números 4, 6 y 8 de la calle.
En total, resultaron afectadas 36 viviendas.
Seis personas necesitaron atención sanitaria por inhalación de humo, entre ellas residentes y miembros de los servicios de seguridad que participaron en el operativo.
Los técnicos determinaron que el edificio donde comenzó el incendio presentaba graves daños y que su rehabilitación resultaría especialmente complicada.
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante organizaron entonces dispositivos de atención y alojamiento provisional para las familias que se habían quedado sin hogar.
Entre ellas se encontraba la familia que ahora vuelve a enfrentarse a un problema de vivienda.
Ocho meses esperando una vivienda
Durante los meses posteriores al incendio, los afectados permanecieron alojados temporalmente mientras las administraciones buscaban alternativas.
La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), organismo responsable de buena parte del parque público de viviendas de la Generalitat, asumió la gestión de los realojos de las familias que cumplían los requisitos correspondientes.
La espera se prolongó durante meses.
Finalmente, una de las familias recibió la noticia de que podría instalarse en una vivienda pública del mismo barrio.
El inmueble estaba situado en la plaza Yolanda Escrich y había sido acondicionado después de quedar libre tras la salida de sus anteriores inquilinos.
La rehabilitación había costado aproximadamente 32.000 euros.
Después de meses de incertidumbre, los nuevos adjudicatarios habían firmado el contrato y recibido las llaves.
La familia esperaba poder iniciar una nueva etapa.
Pero la tranquilidad apenas duró tres días.
La Policía acudió al piso, pero no pudo recuperar la vivienda
Cuando se descubrió la ocupación, agentes de la Policía Local acudieron al inmueble.
Según la información publicada, las personas que se encontraban en su interior se negaron a abandonarlo voluntariamente.
La intervención policial no consiguió recuperar la vivienda para sus adjudicatarios.
La Conselleria de Vivienda ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional para intentar restituir la posesión del inmueble por los cauces legales.
El caso plantea una circunstancia especialmente grave: no se trata de una vivienda abandonada sin destinatario conocido, sino de un inmueble público con un contrato de arrendamiento formalizado y una familia que ya había recibido las llaves.
La ocupación impide que los beneficiarios puedan hacer uso efectivo de la vivienda que les ha sido asignada.
La existencia de una adjudicación y un contrato son circunstancias relevantes para determinar las actuaciones legales que pueden emprenderse.
Una rehabilitación pública de 32.000 euros
La vivienda ocupada había sido rehabilitada con fondos públicos.
Según las informaciones conocidas, la inversión destinada a acondicionar el inmueble ascendió a aproximadamente 32.000 euros.
La actuación buscaba recuperar una vivienda del parque autonómico y ponerla a disposición de personas que necesitaban una solución residencial.
Sin embargo, la ocupación ha impedido temporalmente que ese objetivo se cumpla.
La situación resulta especialmente delicada porque las víctimas del incendio ya habían sufrido la pérdida de su hogar y una prolongada espera para conseguir otra vivienda.
Ahora se enfrentan a una nueva incertidumbre sin conocer todavía cuándo podrán instalarse en el piso.
La Generalitat denuncia la ocupación y busca recuperar el inmueble
La Conselleria de Vivienda ha comunicado la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional.
La Administración autonómica pretende recuperar la posesión del inmueble y garantizar que pueda ser utilizado por la familia adjudicataria.
Por el momento, no se ha comunicado públicamente una fecha para la recuperación de la vivienda.
Tampoco consta que se haya completado el desalojo de las personas que la ocupan.
El procedimiento dependerá de las circunstancias jurídicas del caso y de las actuaciones que determinen las autoridades competentes.
La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger el parque público de viviendas para garantizar que los inmuebles rehabilitados puedan destinarse efectivamente a las personas a las que han sido adjudicados.
La polémica coincide con las críticas por veinte viviendas sociales vacías
Este episodio se produce precisamente cuando la gestión de las viviendas públicas del barrio Miguel Hernández vuelve a generar controversia política.
Compromís ha presentado preguntas en Les Corts Valencianes para pedir explicaciones sobre veinte viviendas rehabilitadas en los números 5 y 6 de la plaza Yolanda Escrich que, según denuncia la formación, llevan aproximadamente un año pendientes de adjudicación.
La coalición reclama conocer los motivos de los retrasos, los plazos de entrega y el coste de la vigilancia privada destinada a proteger los edificios.
La Generalitat había anunciado en septiembre de 2025 la adjudicación de estas viviendas a colectivos específicos, principalmente jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 60 años.
Aunque ambas situaciones afectan al parque público del mismo barrio, no se ha acreditado que la vivienda ocupada y esas veinte viviendas pendientes de adjudicación formen parte del mismo procedimiento.
En cualquier caso, los dos episodios reflejan las dificultades existentes para conseguir que las viviendas públicas disponibles lleguen cuanto antes a sus destinatarios.
Una familia que ha perdido dos veces la tranquilidad de su hogar
El caso reúne circunstancias especialmente dolorosas.
Primero, una familia tuvo que abandonar su domicilio cuando un incendio obligó a evacuar tres edificios de la calle Pavía.
Después pasó ocho meses esperando una solución que le permitiera recuperar cierta estabilidad.
Cuando finalmente recibió las llaves de una vivienda pública, descubrió que no podía entrar porque el inmueble había sido ocupado.
La Administración ha iniciado las actuaciones correspondientes, pero sus adjudicatarios continúan sin poder utilizar el hogar que tenían asignado.
El episodio plantea cuestiones sobre la seguridad de las viviendas públicas recién rehabilitadas, la protección de sus futuros inquilinos y la capacidad de respuesta ante ocupaciones que perjudican directamente a familias vulnerables.
Porque lo más difícil de explicar en este caso es que una familia que ya perdió su vivienda en un incendio y esperó ocho meses para recibir otra tenga que seguir esperando, incluso después de haber firmado el contrato y recibido las llaves de su nuevo hogar.
