La oposición solicita a Catalá abstenerse para facilitar la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones
Compromís y el PSPV han instado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a abstenerse en un pleno extraordinario que han convocado para presentar una propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta iniciativa relacionaría las restricciones no solo con las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) sino también con el nivel de renta de los conductores. Así lo informaron los portavoces municipales de sus partidos en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles y Borja Sanjuan, durante una rueda de prensa conjunta donde explicaron el plan “Valencia Respira”.
La propuesta de la oposición establece que los vehículos con etiqueta A procedentes de fuera de la provincia no podrán entrar desde el 1 de enero de 2026 y, para aquellos de fuera de la ciudad, la restricción comenzará el 1 de julio de ese mismo año. Esto afectaría alrededor del 8% de los vehículos. Para los automóviles de la ciudad, la prohibición de acceso se aplicará a partir del 1 de enero de 2027. En cuanto a la etiqueta B, la oposición propone que los coches de fuera de la provincia no ingresen desde el 1 de enero de 2027 y los de fuera de la ciudad a partir del 1 de enero de 2028. Los vehículos de la ciudad, aunque exentos del calendario, enfrentarán el compromiso de que al menos el 55% de los aparcamientos sean para residentes desde 2027. Sanjuan indicó que estos cambios flexibilizan la aplicación para la etiqueta B y facilitan el acceso de los vehículos del área metropolitana mediante un intervalo de seis meses entre los de la ciudad y los de la provincia. “Estamos a la espera de ver si existe una disposición a negociar”, añadió.
Robles destacó la importancia de implementar la ZBE en toda la ciudad para reducir la contaminación y mejorar la salud pública. Subrayó que no solo deben considerarse las etiquetas, sino también las necesidades de los residentes que no pueden permitirse cambiar de coche. Hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y aclaró que los fondos recaudados con la ZBE deberían destinarse a mejorar el transporte público, haciéndolo más atractivo que el uso del automóvil privado.
La oposición también sugiere que al menos un 55% del aparcamiento en cada barrio sea exclusivo para residentes. Robles insistió en que el espacio público debe priorizar a los habitantes de la ciudad para desincentivar el uso del coche. Destacó la necesidad de retirar vehículos de la calle Colón y evitar que ingresen al bulevar sur, puntos que la oposición considera cruciales y que el PP ha minimizado según declaraciones pasadas de la alcaldesa. Robles afirmó que la propuesta responde a las necesidades sociales de la ciudad y subrayó el respaldo de los 16 concejales de la oposición frente a los 13 del gobierno local y 4 diputados que niegan el cambio climático. Instó a Catalá a permitir la aprobación de la moción de Compromís y el PSPV.
Por su parte, Sanjuan relacionó la dificultad para aprobar la ZBE con la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat. Llamó a la alcaldesa a priorizar su papel en Valencia y explicar por qué no puede aprobar la ZBE debido a una condición impuesta por Vox para apoyar dicha investidura.
