Un perito califica de “tardía” la alarma por la dana y asegura que hubo tiempo para desalojar zonas inundables
VALENCIA, 1 Abr. – El ingeniero geólogo Alberto Martínez declaró como testigo-perito ante la jueza que investiga el caso de la dana, la cual resultó en la muerte de 228 personas, que la alerta enviada a los móviles a las 20:11 horas fue “tardía y con contenido confuso”. Según su criterio, “había tiempo para desalojar a las personas en zonas inundables, ya que solo era necesario trasladarlas a pisos superiores y no evacuar el pueblo entero”.
Martínez, quien posee un máster en planificación y gestión de riesgos naturales por la Universidad de Alicante y trabaja en un instituto de Aldaia, compartió su experiencia del 29 de octubre. Afirmó que desde temprano “llovía torrencialmente”, lo que le generó preocupación. Enumeró los avisos rojos que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó, indicando que aproximadamente a las 7:30 horas ya estaban en vigor para el litoral sur de la provincia.
A las 14:00 horas, al salir de su trabajo, se mostró sorprendido de que en varios municipios no se hubieran cancelado las clases, a pesar de la peligrosidad de la situación. “No hace falta ir a Harvard para saber que la lluvia peligrosa es la que viene de las montañas”, comentó Martínez, quien también mencionó cómo siguió la información en directo a través de la televisión pública valenciana, donde se mostraban rescates.
Durante su declaración, explicó que conociendo las precipitaciones a mediodía en localidades como Buñol o Chiva, un ingeniero geólogo podría prever el desbordamiento en el Barranco del Poyo. Detalló que, al observar el desbordamiento en Chiva, era evidente que el agua descendería a las zonas bajas.
“Deben tomarse decisiones mejores”, sostuvo el experto, quien opinó que ese día al menos debieron suspenderse las clases y enviarse a los trabajadores a sus casas cuando se activaron los avisos rojos, como hicieron algunas entidades, entre ellas la Diputación de Valencia y la Universidad de Valencia. Subrayó que al activarse el aviso rojo, “se debería haber avisado a la población”.
Según Martínez, los avisos pudieron haberse comunicado de diversas formas, incluidas llamadas a los ayuntamientos o mediante bandos, como sucedió en la riada de 1957. No sabe si los alcaldes de las áreas aguas arriba contactaron con los de abajo, una acción que ayudó a minimizar víctimas en 1957. Añadió que esta obligación también está contemplada en el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones y en el Plan Autonómico.
El geólogo indicó que la consellera con competencias en Emergencias debería declarar los niveles de emergencia, según establece el Plan Autonómico de Inundaciones. Asimismo, comentó que el sistema ES-Alert cuenta con una biblioteca de mensajes desarrollada por la Universidad de Alicante tras las inundaciones de la Vega Baja del Segura en 2019.
Finalmente, Martínez, especialista en gestión de catástrofes, afirmó que “la tragedia humana se pudo haber evitado” tanto con un aviso adecuado como mediante educación a la ciudadanía, enseñándoles a no bajar a los garajes en zonas inundables.
