Pradas y Cuenca chocan ante la jueza por el confinamiento durante la dana del 29 de octubre

La exconsellera Salomé Pradas sostiene que se sintió presionada para no ordenar el confinamiento, mientras que el exjefe de gabinete de Presidencia, José Manuel Cuenca, afirma que solo hizo una observación jurídica. La jueza investiga las contradicciones.

Un cara a cara clave en la investigación judicial

La investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha entrado en una fase decisiva con el cara a cara entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exjefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

Ambos comparecieron ante el juzgado de Catarroja para aclarar las contradicciones existentes sobre la posibilidad de decretar el confinamiento de la población durante las horas más críticas de las inundaciones.

Pradas: “Me sentí persuadida para no confinar”

Pradas ratificó ante la magistrada que, durante la tarde de la barrancada, percibió una presión clara para no ordenar el confinamiento. Según explicó, interpretó los mensajes y llamadas de Cuenca como una extensión directa del entonces presidente Carlos Mazón.

La exconsellera relató que, ante la imposibilidad de contactar con el president, trasladó a Presidencia la posibilidad de confinar a la población por el riesgo creciente. En ese contexto, aseguró que recibió mensajes en los que se calificaba la medida como una “barbaridad” y se apostaba por “zonificar” en lugar de adoptar una decisión general.

Pradas afirmó sentirse sola durante la gestión de la emergencia y reconoció que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se vivieron momentos de “pánico absoluto”, especialmente por el temor a la rotura de la presa de Forata.

Cuenca niega haber dado órdenes

José Manuel Cuenca negó de forma tajante haber trasladado órdenes o instrucciones para frenar el confinamiento. Defendió que sus mensajes se limitaron a expresar dudas sobre la cobertura legal de una medida que, a su juicio, podía afectar a derechos fundamentales.

Cuenca sostuvo que su intervención se redujo a recomendar consultar a la Abogacía de la Generalitat y que nunca actuó en nombre del presidente ni trasladó decisiones políticas. Aseguró que su intención fue pedir prudencia y esperar un criterio jurídico.

La Abogacía avalaba el confinamiento

Un informe ya incorporado a la causa contradice parcialmente esta versión. La Abogacía de la Generalitat confirmó que sí existían fundamentos legales para decretar el confinamiento y que así se trasladó en conversaciones telefónicas mantenidas la tarde del 29 de octubre.

El documento señala que no hubo solicitudes formales por escrito, pero sí llamadas en las que se avaló jurídicamente la medida, lo que ha reforzado las dudas de la jueza sobre por qué finalmente no se adoptó ninguna decisión en ese sentido.

Móviles borrados y nuevas citaciones

Otro de los puntos de fricción fue el borrado del contenido del móvil corporativo de Cuenca. El exjefe de gabinete aseguró que lo reinicializó al devolverlo tras cesar en el cargo, mientras que Pradas afirmó haber dado instrucciones para que no se eliminara ninguna información.

Ante las contradicciones, la magistrada ha acordado citar como testigos a varios altos cargos y abogados de la Generalitat que participaron en las comunicaciones de aquella tarde, con el objetivo de aclarar responsabilidades.

Protestas de las víctimas a las puertas del juzgado

Coincidiendo con las declaraciones, asociaciones de víctimas de la dana se concentraron ante el juzgado de Catarroja para exigir responsabilidades políticas y penales por la gestión de la emergencia. Los manifestantes reclamaron que las contradicciones no queden impunes.

La investigación continúa abierta y el auto judicial busca esclarecer si las decisiones —o la falta de ellas— contribuyeron a agravar una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

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Redacción: Redacción