El fiscal superior muestra preocupación por los delitos sexuales y el acceso temprano al porno
Valencia
El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, ha expresado su inquietud ante el incremento de delitos contra la libertad sexual. Aunque asegura que las cifras no alcanzan niveles “alarmantes”, destaca su preocupación por el acceso temprano de menores a la pornografía y aboga por fortalecer la educación afectivo-sexual. Subraya que la Fiscalía tiene la responsabilidad de proteger a “todos los menores”, independientemente de su situación migratoria.
Ortiz presentó estos temas durante su comparecencia en la comisión de Coordinación de Les Corts, al exponer la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 2024, que recoge datos del año estadístico 2023. En su primera intervención como fiscal superior desde su toma de posesión en septiembre, informó que los delitos contra la libertad sexual aumentaron “considerablemente” en las tres provincias desde 2022, lo que representa “un motivo de preocupación importante”, pese a no considerar las cifras como “alarmantes”.
Por provincias, entre 2022 y 2023, los delitos de libertad sexual subieron en Valencia de 1.093 a 1.214, en Alicante de 1.009 a 1.016 y en Castellón de 350 a 385, incrementos que atribuye parcialmente a la actualización de la terminología en el Código Penal.
Asimismo, Ortiz advierte del notable aumento de agresiones sexuales, con 760 casos en 2023 en la Comunitat, lo que representa un aumento del 88% respecto al año anterior. Las violaciones pasaron de 2 a 8 casos, un incremento del 300%. También crecieron las agresiones sexuales a menores de 16 años, con 83 casos en 2023, un aumento del 130%.
En cuanto a violencia de género, el fiscal superior llama a la prevención, concienciación y “máxima colaboración institucional” para combatir esta problemática, que en 2023 resultó en el asesinato de seis mujeres. Hubo 28.214 víctimas de violencia machista, un incremento anual del 14,1%.
En delitos contra el patrimonio, señala que en Valencia los robos con fuerza y delitos contra la propiedad intelectual aumentaron, en Alicante los hurtos y robos con violencia, y en Castellón las estafas.
Respecto a menores de 14 años, Ortiz recordó que están fuera de la intervención judicial, quedando en el ámbito de la protección. Alude a factores como “la falta de formación afectivo-sexual adecuada y el acceso precoz a pornografía” que conllevan una trivialización de conductas violentas y una percepción equivocada de las relaciones sexuales. Urge a todos a tomar conciencia y adoptar medidas necesarias para evitar este preocupante incremento.
Ortiz también solicita más recursos personales y materiales para la Fiscalía, algo que considera “un mal endémico”, y defiende la “lealtad institucional” de todos los poderes públicos. Alaba a la Fiscalía de Menores por su diligencia.
La portavoz adjunta del PP, Laura Chulià, exige un aumento en el número de fiscales y cuestiona si las recientes modificaciones legislativas explican la subida de delitos. La socialista Xelo Angulo lamenta el aumento de delitos, sobre todo entre menores, y pide recuperar el juzgado especializado en violencia sobre la mujer en Xàtiva. Jesús Pla, de Compromís, resalta problemas de siniestralidad laboral y cumplimiento de sentencias por delitos ambientales. Ana Vega, de Vox, alerta sobre la situación en centros de menores y aplaude la decisión del Consell de recurrir ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes, aunque duda de su éxito.
El fiscal superior, en respuesta, evita abordar temas políticos y reafirma el compromiso de garantizar la atención a todos los menores, sugiriendo la rápida acreditación de edades en el caso de migrantes. Rechaza la idea de aumentar penas, abogando por la concientización sobre valores y convivencia. Destaca que combatir la violencia de género requiere un esfuerzo conjunto y reflexiona sobre la importancia de la ley específica contra esta lacra. En Xàtiva, reconoce el desamparo de los profesionales y la dificultad en asumir responsabilidades por siniestralidad laboral, subrayando la necesidad de colaboración institucional en delitos ambientales.
