El propietario del restaurante El Ventorro ha comparecido en los juzgados de Catarroja para ofrecer su testimonio en la instrucción que investiga la gestión de la riada. Este establecimiento es conocido por haber recibido, el 29 de octubre de 2024, al entonces presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la periodista Maribel Vilaplana.
A las 9:15 horas, el dueño del local acudió al juzgado para prestar declaración en relación a la dana. También se esperaba la comparecencia del secretario general del PPCV y candidato a suceder a Mazón en la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a las 11:30 horas.
La cita judicial para ambos fue programada dos días después de que la magistrada a cargo decidiera su citación, así como la de asesores y altos cargos cercanos a Mazón, a solicitud de las acusaciones populares representadas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos o, en ocasiones, de oficio.
La jueza destaca que el propietario de El Ventorro era la única persona que tenía acceso al reservado donde se encontraban Mazón y la periodista, lo que le permitió potencialmente escuchar alguna conversación telefónica del presidente en funciones.
En cuanto a Pérez Llorca, se le convoca debido a que realizó llamadas el día de la dana a Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior encargada de emergencias y ahora investigada en la causa. Según la magistrada, estas comunicaciones podrían “proporcionar información” relevante sobre los eventos de ese día. Pradas ha señalado una “cercanía” entre Pérez Llorca y Mazón, lo que se refleja en que los contactos telefónicos del testigo se encuentran registrados bajo el nombre “Juan Fran Mazón”.
La jueza incorpora estas declaraciones al análisis del proceso de toma de decisiones del Cecopi el 29 de octubre de 2024, prestando especial atención a las llamadas realizadas por Pradas para esclarecer el proceso deliberativo de esa jornada.
Además, se busca averiguar qué información manejaban los participantes en esa reunión, así como la que debían manejar según las normativas vigentes, y si la falta de comunicación pudo influir en decisiones erróneas que contribuyeron a los daños personales investigados.
El auto emitido el 16 de octubre de 2025 por la Audiencia Provincial de Valencia, que autorizó la citación de Vilaplana como testigo, subraya que Mazón, como presidente del Consell y máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, tenía atribuida la capacidad de impartir “instrucciones” a los miembros del Consell.
