Manuel Lubary
Vicepresidente de la Confederacion de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana
Toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones dignas, suficientes y adecuadas. De este derecho depende en gran parte la posibilidad de acceder al resto de derechos fundamentales: vivienda, educación, salud, cultura, seguridad social, jubilación, etc.
Sin embargo, las nuevas formas de economía mundial, la crisis ideológica de la socialdemocracia y el nuevo fenómeno de la globalización han tenido como consecuencia una mayor precariedad social y laboral, vital para las personas más vulnerables de la sociedad.
Desde hace años, las asociaciones de vecinos estamos observando cómo el zarpazo de la crisis económica no sólo acentúa los problemas de los colectivos tradicionales ya excluidos socialmente (mendicidad, prostitución, drogadicción, inmigración, etc.) sino que cada vez se acerca más a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a los de nuestro lado; sí, ese vecino de toda la vida ejemplar que no puede pagar los gastos comunes de la comunidad de propietarios.
Éste ya no tiene empleo, esa vecina entrañable desahuciada por no poder atender su hipoteca porque no le llegan sus ingresos, ese tendero que conocemos desde hace décadas y que ha bajado las persianas de su local agobiado por las deudas…en definitiva estas personas corren riesgos inminentes de caer en la exclusión social y merecen la solidaridad activa desde la proximidad de la vecindad, desde la proximidad que nos identifica con nombre y apellidos.
Ciertamente, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA) ha puesto en marcha recientemente el Proyecto “Entrevecinos” con una aportación inicial de 17.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana, con el objetivo fundamental de trabajar por la estabilidad social y laboral de las personas afectadas y en situación de riesgo de exclusión social.
Somos plenamente conscientes de que en todas partes existe una amplia red de instituciones (a nivel municipal autonómico y estatal), asociaciones y ONGs que muy probablemente lleguen a tratar todas las problemáticas sociales, aunque no supone que sean suficientes para resolver las cuestiones planteadas.
En este sentido, el planteamiento de este Proyecto no es crear una iniciativa social más, sino un recurso de proximidad en el territorio, en el distrito, en el barrio, que lo dinamice en relación a los ya existentes.
Con esto no queremos decir que la Administración Pública deba estar exenta de responsabilidades, sino brindar un recurso de apoyo reivindicando los derechos de la ciudadanía y de su bienestar social.
Nuestro proyecto es altamente ambicioso. Antes que nada es necesario organizar la capacidad de resistencia de la persona y su núcleo para que ésta pueda tener el compromiso, autonomía y eficacia por resolver su situación particular, con el cariño de la proximidad y la discreción de la solidaridad.
A partir de ahí, hemos de desarrollar los programas de inserción laboral, de una Tienda solidaria de productos preferentemente alimentos y de higiene personal, de un banco de viviendas de inclusión tuteladas, de la puesta en marcha de asesorías jurídico-legales y sobre todo de la potenciación del voluntariado social.
No nos cabe ninguna duda, que precisamos de la colaboración institucional y empresarial para llegar a buen término nuestros objetivos, pero estamos dispuestos a partirnos la cara, a negociar y a exigir ante la Administración, la Banca y entidades empresariales su cuota parte de solidaridad para sus conciudadanos.
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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