PSPV y Compromís han pedido esperar a la decisión del juez respecto a la solicitud de la Fiscalía de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. En contraste, el PP ha exigido que se asuman “responsabilidades políticas” por parte del anterior gobierno del Botànic, mientras que Vox ha criticado que quienes promueven la unidad de la lengua recibieran subvenciones por el uso del valenciano y del catalán.
Estas posturas se han presentado en Les Corts ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prisión para Francis Puig, quien fue procesado en enero junto a su socio Juan Enrique Adell Bover por la supuesta mala gestión de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación.
En una rueda de prensa después de la junta de síndics, José Muñoz del PSPV afirmó que “la justicia debe hacer lo que tenga que hacer” en este caso y enfatizó la importancia de esperar la decisión del juez antes de hacer comentarios definitivos. Subrayó que el Partido Socialista respetará el fallo judicial.
El síndic socialista destacó que el Botànic no tiene ningún cargo imputado, a diferencia del PP, mencionando casos judiciales que han involucrado a exdirigentes del Partido Popular como Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, así como el caso de la dana que implica a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y a altos cargos de la Conselleria.
Por parte de Compromís, Isaura Navarro admitió desconocer los detalles de la petición de la Fiscalía, pero insistió en la necesidad de que la justicia actúe con independencia de los partidos políticos.
Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP, acusó a Francis Puig de desviar fondos destinados a subvenciones mediante facturas falsas y reiteró la demanda de responsabilidades políticas hacia los líderes del Botànic. Además, cuestionó qué haría la izquierda si se tratara de un familiar de un presidente del PP, y acusó a Compromís de ser cómplice en estos actos al gestionar las solicitudes de subvenciones fuera de plazo.
Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, optó por no valorar el estado actual del proceso judicial, pero señaló como “curioso” que aquellos que reivindican la unidad lingüística recibieran subvenciones por el uso del valenciano y el catalán.
