CEOE y Cepyme cuestionan que una huelga pueda utilizarse para reclamar medidas que corresponden al Gobierno, mientras CCOO y UGT vinculan directamente vivienda y salarios. El paro será de 24 horas, aunque todavía no tiene fecha.
La huelga general anunciada por CCOO y UGT todavía no tiene día, pero ya existe una batalla sobre una cuestión fundamental: ¿puede convocarse una huelga general para reclamar soluciones al problema de la vivienda?
CEOE y Cepyme consideran que existen dudas.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha planteado incluso que la convocatoria podría ser ilegal porque, a su juicio, sus principales objetivos son políticos y no laborales.
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Qué argumenta la patronal
CEOE parte de una idea: muchas de las medidas reclamadas para solucionar la crisis residencial no pueden adoptarlas las empresas.
Regular los alquileres, aprobar presupuestos para vivienda pública o modificar determinadas leyes corresponde a las administraciones.
Por eso la patronal considera “inadmisible” que una protesta dirigida contra la gestión política termine paralizando empresas y trasladando a estas el coste económico de la movilización.
¿Significa eso que la huelga sea ilegal?
No.
Significa que CEOE cuestiona su encaje jurídico.
La declaración de Garamendi constituye la posición de la patronal y no una resolución judicial.
Para determinar la legalidad habría que conocer las características definitivas de la convocatoria, sus objetivos concretos y, si fuese impugnada, lo que resolvieran los tribunales.
Además, CCOO y UGT no están planteando únicamente reivindicaciones sobre política residencial.
Los sindicatos introducen los salarios en la ecuación
Este es precisamente uno de los elementos fundamentales del debate.
Los sindicatos sostienen que el acceso a una vivienda está directamente relacionado con las condiciones laborales.
Un trabajador puede tener empleo y, aun así, encontrarse con que el alquiler absorbe una parte cada vez mayor de su sueldo.
CCOO y UGT plantean por ello conjuntamente vivienda y salarios y reclaman mejoras retributivas junto a medidas que reduzcan el coste residencial.
El 29N complica todavía más el escenario
La huelga llegará además en un momento especialmente sensible.
España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre y la campaña comienza el 13.
Garamendi considera que esta proximidad demuestra el “claro componente político y electoral” del paro.
CEOE sostiene que la actividad de las empresas no debería utilizarse como instrumento para influir en una disputa que terminará resolviéndose también en las urnas.
Todavía falta conocer el día
CCOO y UGT han anunciado una huelga general de 24 horas para este otoño, pero todavía deben concretar la fecha.
Los sindicatos quieren coordinarla con organizaciones sociales y colectivos vinculados a las movilizaciones por la vivienda.
Será entonces cuando pueda analizarse con mayor precisión el alcance de la convocatoria.
De momento, la crisis residencial suma una nueva batalla: los sindicatos sostienen que vivienda y salario son inseparables; la patronal responde que las empresas no pueden pagar el coste de una protesta dirigida contra decisiones que corresponden a los gobiernos.
