Qué son y para qué pueden servir legalmente las polémicas sociedades offshore

En diálogo con Infobae, el abogado Martín Litwak, especializado en la constitución de este tipo de firmas, dijo que “con la industria offshore pasa algo similar a lo que sucede con los fabricantes de armas” porque cuando sucede un delito a través de ellas “se hace énfasis en el fabricante y no en el delincuente”Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales caribeños

Las revelaciones de Panamá Papers pusieron nuevamente en la mira a las sociedades offshore. Infobaeconversó con el abogado Martín Litwak, titular de Litwak & Partners, un estudio especializado en la constitución de este tipo de firmas con sede en Montevideo y sucursales en Lima, Miami e Islas Vírgenes Británicas.

–¿Para qué sirven las sociedades offshore?

–Para ponerlo sencillo, las sociedades offshore sirven para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo, para realizar negocios. No hay intrínsecamente nada malo en ellas ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos para cometer delitos. Otorgan algunas ventajas:

1. La información sobre accionistas y directores suele estar más protegida que en las sociedades que no son offshore (recordemos que en varios países que no califican como offshore existen aún sociedades con acciones al portador).

2. Las jurisdicciones offshore permiten que uno arme lo que se conoce comúnmente como “plataformas de inversión impositivamente neutras”. Esto quiere decir que si uno opera un negocio cualquiera onshore y coloca como dueño a una sociedad offshore, al repartir sus utilidades no debe pagar un impuesto adicional sino que basta con los impuestos que paga a nivel local por las ganancias obtenidas. Si la sociedad que se coloca arriba (generalmente conocida como “holding”) no fuera offshore, entonces además del impuesto que se pagó a nivel local, hay que pagar otro impuesto más.

3. Las jurisdicciones offshore cuentan con legislación específica muy moderna para la realización de ciertos negocios (como ser el armado de fondos de inversión o fideicomisos financieros) o la consecución de ciertos fines (sucesorios o de protección patrimonial).

4. En muchos casos, inversores basados en Europa o Estados Unidos que quieren invertir en países de América Latina o África que poseen poca seguridad jurídica usan sociedades establecidas en centros offshore para asegurarse de que, en caso de conflicto, este no vaya a ser definido por un juez local (que puede ser corrupto o no conocer del tema en cuestión) sino por magistrados con experiencia.

–¿En qué situaciones una persona o empresa necesita de una sociedad offshore?

-Hay muchas situaciones en las cuales una persona puede tener la necesidad de constituir una sociedad offshore. Entre ellas, cuando quiere proteger su privacidad en mayor medida de lo que permiten las leyes locales, cuando quiere invertir dinero fuera de su país de origen utilizando vehículos que aporten seguridad jurídica, cuando quiere levantar dinero de varios inversores para llevar adelante una inversión colectiva a través de un fondo de inversión o de un fideicomiso financiero, cuando quiere participar en un joint venture con socios extranjeros o cuando quiere lograr diferimento impositivo.

–¿No les hacen daño a sus países de origen, que dejan de percibir tributos por el dinero que se transfiere a esas sociedades offshore?

–Las sociedades offshore no ayudan a evadir impuestos, sino que no agregan impuestos a una estructura societaria determinada. En realidad, los impuestos por las actividades económicas realizadas offshore deben pagarse. Supongamos que una persona tiene un restaurante y en lugar de figurar como dueño de este, coloca una sociedad offshore en ese lugar. Todos los impuestos vinculados con las operación del restaurante van a ser pagados y el propietario debe pagar el impuesto a los bienes personales por sus tenencias accionarias en la sociedad offshore. También tendrá que hacer todos los aportes a la seguridad social, etcétera. En este tema, hay mucho de prejuicio y mala intención. Una sociedad offshore no reduce la carga impositiva.

–¿Por qué estas sociedades parecen ser la vía ideal para la evasión impositiva, la circulación de sobornos y el lavado de dinero?

–Como toda herramienta, hay gente que abusa de ella o la usa para hacer el mal. La verdad es que los datos y las estadísticas muestran que estos delitos se dan mucho más frecuentemente onshore y no offshore. Con la industria offshore, pasa algo similar a lo que sucede con los fabricantes de armas. Cuando en un delito participa un arma o una sociedad offshore, en lugar de buscar al delincuente que la utiliza, se hace énfasis en el fabricante. Es raro, pero siempre fue así. Los mayores casos de financiamiento de actividades terroristas (como sucedió en el caso del atentado contra las Torres Gemelas) se han realizado exclusivamente a través de bancos onshore. Y la mayor estafa de todos los tiempos, perpetrada por Bernie Madoff en 2008, fue planificada y ejecutada en los Estados Unidos y no en una isla perdida en el Caribe. Sí es cierto que son sociedades fáciles de constituir y que no todos los agentes de registro (que son quienes las han incorporado) hacen su tarea de revisar bien para quién están trabajando.

–¿Si las empresas offshore son legales y cristalinas, por qué los llamados “paraísos fiscales” y los estudios jurídicos que crean estas sociedades no facilitan el acceso a los nombres de sus dueños reales ante requisitorias judiciales?

–Entiendo el interés de los periodistas y de la gente en general por la información, pero también deben entender que no hay absolutamente nada malo en proteger la confidencialidad y privacidad. Se trata de un derecho constitutional que –en tanto no haya delito– hay que respetar a rajatabla. Creo que la sociedad moderna, impregnada por shows del tipo Gran Hermano y demás, se ha transformado en un lugar donde la privacidad no es respetada como debería, donde todos piensan que tienen un derecho sagrado a saber lo que se les ocurra sobre el resto de la gente. Recuerdo una charla que estaba dando en la universidad y durante la cual una alumna se puso muy violenta por este tema. Le pregunté si la noche anterior había tenido relaciones sexuales y obviamente se ofuscó terriblemente y me dijo que no tenía derecho a meterme en su intimidad. Estuve de acuerdo con ella y pienso que no hay que meterse en la privacidad de la gente, a menos que haya un delito. Cuando lo hay, los centros offshore, en general, ya brindan la información que se precisa. Esto cambió mucho en los últimos años. No recomiendo en absoluto armar sociedades offshore para cometer delitos.

–¿Qué opina del escándalo Panamá Papers?

–Es una pena que haya pasado algo así porque se trata de una industria muy golpeada por prejuicios y desinformación. Pero más pena me da la interpretación que se está haciendo del tema y cómo se pone a todo el mundo en la misma bolsa. Y por todo el mundo me refiero a todos los proveedores, a todas las jurisdicciones offshore y a todos los clientes o usuarios. Desde el punto de vista de quienes usan jurisdicciones offshore, el único consejo que puedo darles es que estudien bien con quiénes trabajan, que analicen bien las diferentes jurisdicciones y que es mejor confiar en empresas más pequeñas donde ellos sepan quién controla su información sensible, que con grandes conglomerados donde la información se pierde entre diversos profesionales u oficinas. Supongo que de la mano de la buena información se irá separando la paja del trigo.