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La justicia cuestiona la tramitación ambiental y la legitimidad de la Autoridad Portuaria de Valencia como órgano sustantivo
En una decisión que podría tener repercusiones significativas para el futuro de la ampliación del Puerto de Valencia, la sección sexta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha retirado la condición de órgano sustantivo a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Este fallo judicial deja en entredicho la legalidad de las actuaciones realizadas hasta ahora en relación con la ampliación del puerto.
Implicaciones de la sentencia
El fallo, que aún puede ser objeto de recurso de casación, anula una resolución de marzo de 2021 que había otorgado a la APV el rol de órgano sustantivo, que previamente correspondía a Puertos del Estado. La justicia ha cuestionado este cambio, indicando que no se justifica como un mero error y criticando el uso del procedimiento de rectificación de errores para evitar las consecuencias legales que implica un retardo de 14 años.
Falta de trámite de audiencia y procedimientos cuestionados
El tribunal también señaló la falta de un trámite de audiencia para los interesados, un paso obligatorio según la ley de procedimiento administrativo, lo que sugiere una posible “inadecuación a derecho” en las acciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Este aspecto subraya la problemática en la gestión y tramitación del proyecto, especialmente en un contexto donde la validez de la DIA original de 2007 ya era cuestionable.
Consecuencias y comentarios del gobierno
La situación se complica aún más con la falta de un informe motivado por parte de Puertos del Estado que avale la DIA de 2007 ante los cambios significativos en el proyecto, como el aumento en la cantidad de material de relleno necesario y la profundidad de dragado. Además, el Ministerio de Transición Ecológica ha tenido que intervenir para implementar medidas correctoras ante la erosión de las playas del sur de Valencia, algo que debería haber sido gestionado por la APV.
Conclusiones
Este fallo judicial no solo impacta directamente en la tramitación de la ampliación del Puerto de Valencia, sino que también plantea serias dudas sobre la gestión y supervisión de proyectos de gran envergadura por parte de las autoridades portuarias. La decisión del tribunal refuerza la necesidad de adherirse a los procedimientos legales y de garantizar una evaluación ambiental adecuada para proteger los recursos naturales y el medio ambiente.
Este giro en los eventos jurídicos subraya la importancia de una administración transparente y legalmente fundamentada en proyectos de infraestructura crítica, especialmente en áreas con significativo impacto ambiental y comunitario.
