Ayudas para exhumar fosas de la Guerra Civil abiertas

El Ministerio de Justicia abre una nueva convocatoria de subvenciones

El Ministerio de Justicia ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a la apertura de fosas comunes y a la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política pública de reparación de la memoria histórica impulsada por la Ley de Memoria Democrática.

El objetivo de estas subvenciones es facilitar el trabajo de localización, apertura e identificación de los restos de personas que, durante los conflictos y la represión posterior, fueron asesinadas y enterradas en lugares desconocidos para sus familiares.

Más de 3 millones de euros para proyectos de memoria histórica

La convocatoria está dotada con un presupuesto de 3,2 millones de euros, que se distribuirán a lo largo de 2024 entre los proyectos seleccionados. Esta cantidad supone un incremento respecto a convocatorias anteriores y refleja el compromiso del Gobierno con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Las ayudas están destinadas a:

• Asociaciones memorialistas
• Entidades sin ánimo de lucro
• Universidades y centros de investigación
• Administraciones locales y autonómicas

El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo mes, y cada entidad podrá presentar hasta tres proyectos vinculados a la recuperación de la memoria democrática.

Objetivos de la convocatoria: justicia, verdad y reparación

Las ayudas tienen como finalidad avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, la cual establece entre sus prioridades la recuperación de los restos mortales de las personas desaparecidas, así como el reconocimiento público a las víctimas de la represión franquista.

Principales acciones subvencionables

Dentro de esta convocatoria, se podrán financiar diversas actuaciones como:

• Investigaciones previas para la identificación de posibles fosas comunes
• Trabajos de localización geoespacial y documentación de indicios
• Exhumación e identificación genética de los restos humanos
• Acciones de divulgación y sensibilización sobre la memoria histórica
• Digitalización de archivos y testimonios relacionados con las víctimas

Estas acciones deben cumplir con los principios de rigor histórico, respeto a los derechos humanos y participación de los familiares de las víctimas.

Un país con más de 114.000 desaparecidos

España sigue teniendo más de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y los años posteriores de dictadura. Según Naciones Unidas, este número convierte al país en uno de los que tiene mayor cantidad de desaparecidos sin exhumar del mundo.

Muchas de estas personas yacen en fosas comunes repartidas por todo el territorio nacional, muchas de ellas en campos, cunetas, cementerios y descampados. En muchos casos, los restos no han sido localizados o no han podido ser identificados por falta de medios técnicos o de voluntad institucional en décadas anteriores.

Una deuda histórica con las familias

Las exhumaciones no solo tienen un valor histórico y científico. Ante todo, responden a una exigencia humanitaria: el derecho de los familiares a saber dónde están sus seres queridos y poder darles sepultura digna.

Muchos descendientes siguen luchando por encontrar a sus padres, abuelos o bisabuelos desaparecidos, décadas después de los hechos ocurridos. Para ellos, la apertura de una fosa puede suponer el cierre simbólico de una herida que ha permanecido abierta durante generaciones.

Cómo solicitar las ayudas: requisitos y plazos

Las entidades interesadas deben presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. El proceso incluye una memoria detallada del proyecto, presupuesto, cronograma de actuación y documentación legal de la organización solicitante.

Algunos requisitos clave son:

• Estar legalmente constituidas y tener experiencia demostrada en proyectos de memoria histórica
• Promover actividades sin fines de lucro
• Garantizar la participación directa o indirecta de familiares de víctimas

Las subvenciones pueden cubrir hasta el 100% del coste del proyecto, estando sujeta su aprobación al cumplimiento de los criterios éticos, técnicos y administrativos establecidos en la convocatoria.

Colaboración interinstitucional para avanzar en la memoria histórica

El Gobierno pretende que estas actuaciones se realicen en estrecha colaboración con las administraciones autonómicas y locales, que a menudo tienen competencia en materia de patrimonio, archivos o cementerios.

Además, se busca reforzar la presencia de equipos científicos y técnicos cualificados en las intervenciones, principalmente mediante la participación de arqueólogos forenses, genetistas, historiadores y antropólogos.

La memoria histórica debe ser, según el Ministerio, un empeño colectivo que promueva la ciudadanía activa y democrática, y que contribuya a la construcción de una memoria plural, incluyente y veraz.

Un paso más hacia el reconocimiento institucional de las víctimas

Esta nueva línea de ayudas forma parte de una serie de medidas de amplio alcance contempladas por la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Entre otras actuaciones previstas se incluyen:

• La creación de un Banco Nacional de ADN para identificar restos exhumados
• La elaboración de un censo oficial de víctimas de desapariciones forzadas
• La retirada de simbología franquista aún presente en espacios públicos
• El impulso a la educación en valores democráticos en los planes docentes

La memoria de las víctimas pasará progresivamente a formar parte del relato oficial del país, reconocida no solo por sus familias, sino por el conjunto de la ciudadanía.

España: un referente en derechos humanos y memoria

A través de estas iniciativas, el Estado español sigue dando pasos hacia el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Diversos organismos de Naciones Unidas han instado a España a acelerar las labores de exhumación y reparación para saldar esta deuda histórica.

La apertura de fosas comunes y la devolución de los restos a sus familias es hoy más que un acto arqueológico: es un acto de justicia democrática, un gesto que reconoce el sufrimiento de miles de personas y contribuye a fortalecer la convivencia en base al respeto a la verdad y los derechos fundamentales.

Conclusión: hacia una memoria digna y compartida

La nueva convocatoria de ayudas abierta por el Ministerio de Justicia representa un impulso significativo en las políticas públicas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con una inversión histórica, se pretende avanzar hacia una sociedad más justa, en la que todas las víctimas del pasado tengan un lugar en la historia compartida del país.

Las exhumaciones de fosas comunes son mucho más que intervenciones arqueológicas: son actos de humanización, de ciudadanía democrática, de memoria y de futuro. Solo reconociendo el pasado con verdad y dignidad será posible construir un presente más libre y un futuro más justo para todos.

Las organizaciones que trabajan en la conservación de la memoria esperan que este tipo de iniciativas tengan continuidad y cuenten con el respaldo político, social y económico necesario. Porque, como dicen muchas familias que aún buscan a sus seres queridos, “no hay justicia sin memoria, ni paz sin verdad.”