Factura telefónica revela llamadas clave de Pérez Llorca el 29-O

Una nueva pista en la investigación del caso Azud pone bajo el foco a la ex alto cargo del PPCV

En el marco de la investigación del caso Azud, un nuevo documento de gran relevancia ha salido a la luz: la factura telefónica correspondiente a la ex asesora de un alto cargo del Partido Popular, revela una serie de llamadas clave realizadas el 29 de octubre de 2019. Este dato, aparentemente simple, podría convertirse en una pieza fundamental del rompecabezas que tratan de resolver los investigadores del caso de presunta corrupción urbanística que sacude a la política valenciana.

Los registros descubiertos recientemente vinculan a Pérez Llorca, en aquel momento directora general en una conselleria del gobierno valenciano, con contactos directos a distintas figuras importantes que ahora también han sido salpicadas por la macrocausa.

¿Quién es Pérez Llorca y cuál era su papel en la administración?

Isabel Pérez Llorca ocupó la Dirección General de Relaciones con Les Corts dentro del gobierno de la Generalitat Valenciana. En ese momento, representaba una figura clave dentro del entramado político y administrativo del Ejecutivo autonómico. Según los documentos de instrucción, la entonces directora mantuvo un estrecho vínculo con personas investigadas por la justicia en relación con tramas de comisiones ilegales ligadas al urbanismo.

La aparición de su nombre y ahora sus movimientos telefónicos en las pesquisas refuerzan la hipótesis que maneja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a su posible conocimiento y participación en hechos objeto de la causa.

El peso de las comunicaciones

La relevancia de las comunicaciones entre imputados o investigados ha sido determinante en numerosas investigaciones por presunta corrupción política. En el caso Azud, las comunicaciones telefónicas cobran un peso significativo, no solo por su contenido, sino por el momento en el que se producen. Aquí radica la trascendencia de las llamadas realizadas el 29 de octubre de 2019, momentos previos a decisiones clave en distintos expedientes administrativos.

Las llamadas del 29-O: ¿Una cadena de coordinación?

La factura telefónica que obra en poder del juzgado instruye que Pérez Llorca mantuvo varias llamadas ese día con personeros ahora investigados.

• Nueve llamadas en total en menos de 24 horas.
• Al menos tres interlocutores involucrados, incluidos nombres vinculados a Dámaso Maazón y órganos internos del Partido Popular.
• Duraciones que superan los 15 minutos, lo que sugiere charlas planificadas más allá de simples contactos de cortesía.

Esas comunicaciones sucedieron horas antes de una decisión administrativa que favoreció un expediente dentro de los casos analizados como parte de posibles adjudicaciones amañadas.

¿Coincidencia o planificación?

Los investigadores no ignoran que la política es compleja y que en muchas ocasiones las coincidencias temporales no esconden irregularidades. Sin embargo, el patrón identificable en las llamadas y los actores implicados ha hecho reforzar una línea de investigación centrada en presuntos pactos concertados para influir decisiones urbanísticas.

Se investiga si desde instancias políticas se ejerció presión directa o indirecta para orientar determinadas decisiones a cambio de cuantiosos sobornos o favores dentro de la trama urbanística.

Conexiones con Damaso Maazón y Mazon Pradas

Según los documentos incorporados recientemente al sumario, entre los contactos registrados ese día aparecería el nombre de Dámaso Maazón, administrador de empresas y considerado una pieza clave dentro del engranaje empresarial que se beneficiaba de licitaciones sospechosas.

Asimismo, se apunta a que Pérez Llorca pudo mantener contactos con Mazón Pradas, vinculado también con las redes empresariales que orbitaban en torno a los casos de presunta modificación de planes urbanísticos por interés privado.

Las ramificaciones empresariales

El informe de la investigación detalla el posible papel de ciertas empresas como beneficiarias sistemáticas de las adjudicaciones sospechosas. Entre las compañías revisadas aparecen algunas que fueron fundadas o dirigidas por personas interpuestas ligadas directa o indirectamente a estos actores políticos y administrativos.

• Facturaciones cruzadas con organismos públicos.
• Adjudicaciones sin concurrencia abierta.
• Transferencias a territorios considerados paraísos fiscales.

Los investigadores evalúan si estas empresas cumplían una función de pantalla para desviar capital que retornaba a ciertos responsables políticos en forma de comisiones.

Contexto del caso Azud

El caso Azud, en manos del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, se ha convertido en uno de los procedimientos por corrupción más amplios dentro del ámbito municipal y autonómico de la Comunidad Valenciana. Arrancado en 2017, pero con implicaciones que alcanzan actuaciones del año 2006 al 2021, fue inicialmente centrado en nombres del Partido Socialista local. No obstante, con el paso del tiempo también ha arrastrado a figuras del Partido Popular y empresarios privados.

La red de favores y sobornos que se investiga habría consistido en un sistema de tráfico de influencias, amaños de contratos, cobros de comisiones ilegales y blanqueo de capitales.

Las últimas revelaciones han sido posibles gracias a la cooperación de algunos imputados que han decidido colaborar con la justicia, y al enorme volumen de documentación incautada durante los registros de los últimos años.

La línea de defensa de los implicados

Desde el entorno de Pérez Llorca se sostiene que las llamadas no tienen relación directa con los expedientes urbanísticos que se investigan. A través de fuentes cercanas, se ha asegurado que las comunicaciones respondieron a temas administrativos rutinarios.

Sin embargo, el juzgado ha ordenado ya el análisis forense del contenido de varios dispositivos móviles y ha solicitado ampliación de datos a diversas operadoras. Se quiere confirmar si las llamadas incluían mensajes de texto, correos electrónicos o transferencias de archivos potencialmente sensibles.

Nueva fase de investigación

Con estos nuevos elementos, la causa entra en una fase más compleja. La posibilidad de delitos como prevaricación administrativa, cohecho y malversación no solo afecta a quienes originalmente integraban el núcleo inicial del caso, sino que ahora alcanzaría a otro nivel político-administrativo, más alto en la jerarquía.

Implicaciones futuras y posible impacto político

La reaparición de figuras políticas activas y con peso en legislaturas anteriores añade presión sobre los partidos implicados. Con las elecciones municipales todavía lejos, los partidos observan con atención cómo puede evolucionar la investigación.

En este momento, no se han presentado imputaciones nuevas, pero se considera probable que en las próximas semanas la magistrada instructora cite a declarar a nuevos implicados, tanto como investigados como en calidad de testigos.

Las reacciones del Partido Popular han sido de prudencia. No niegan la existencia de las llamadas, pero insisten en no anticipar conclusiones hasta que no haya resolución judicial.

Conclusión: una llamada que puede cambiar el rumbo del caso

El hallazgo de estas comunicaciones telefónicas clave introduce un giro inesperado en un caso que ya ha puesto contra las cuerdas a numerosas figuras tanto públicas como privadas. La aparición de Pérez Llorca en el entramado investigado lanza nuevas preguntas a la causa, especialmente sobre la responsabilidad de altos funcionarios en gestiones urbanísticas que presuntamente vulneraron los principios de legalidad y transparencia.

Con la investigación en marcha y nuevas pruebas en camino, el caso Azud podría cobrar aún más relevancia mediática y judicial en los próximos meses. Lo que parecía un caso cerrado a nivel local, avanza hacia derroteros más profundos que podrían dejar huella en la política valenciana por mucho tiempo.

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