Jueza ordena conservar comunicaciones clave sobre la DANA

La justicia reactiva la investigación sobre la gestión del 112 durante la DANA de septiembre

Una jueza de Valencia ha ordenado la conservación de todas las comunicaciones relacionadas con la gestión del 112 durante la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que asoló la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 12 de septiembre de 2023. Esta decisión se enmarca en una investigación judicial que pretende esclarecer la presunta falta de coordinación entre organismos y posibles errores de procedimiento que ocasionaron graves consecuencias durante la emergencia climática.

Antecedentes: una DANA histórica y consecuencias devastadoras

El temporal de lluvias intensas y vientos huracanados registrado en septiembre causó inundaciones, cortes de suministro eléctrico, evacuaciones forzosas y múltiples incidencias en la provincia de Valencia, especialmente en localidades como Torrent, Alzira y Picassent.

• Más de 180 litros de lluvia por metro cuadrado en menos de 24 horas en algunas zonas.
• Bloqueo de carreteras y suspensión del transporte público en áreas afectadas.
• Servicios de emergencia, como bomberos y policía, al límite de su capacidad operativa.

Las críticas sobre la tardía activación de protocolos de emergencia y supuestas deficiencias en la comunicación entre instituciones públicas, motivaron que varios partidos políticos y asociaciones ciudadanas interpusieran denuncias para exigir responsabilidades.

Una investigación centrada en el 112 Comunitat Valenciana

La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha solicitado de forma expresa la conservación sin alteraciones de toda la información  relacionada con la actividad del Centro de Coordinación de Emergencias (CoordCom) y el sistema de emergencias 112 CV durante la jornada crítica del temporal. Esta orden afecta tanto a los registros de llamadas como a los informes de decisiones operacionales, mensajes enviados y recibidos, y correos electrónicos entre altos cargos.

En concreto, la jueza pide al Centro de Coordinación de Emergencias, dependiente de la Generalitat Valenciana, que preserve:

• Registros de llamadas entrantes y salientes en el 112 durante el 11 y 12 de septiembre.
• Mensajes enviados mediante canales internos de comunicación como sistemas Digitel o alertas SIRDE.
• Intercambio de emails y documentos entre el centro y otros organismos como Protección Civil, servicios de Salud y Fuerzas de Seguridad.

Además, solicita el listado de técnicos y responsables que estuvieron de guardia en esos días y su rol dentro del operativo.

Importancia de la decisión judicial

La decisión de la jueza responde a la solicitud de varios colectivos que consideran que pudo haber una cadena de errores o demoras en la respuesta institucional ante la magnitud de la emergencia. Preservar las comunicaciones es clave para clarificar si hubo negligencia, subestimación del riesgo o decisiones tardías que agravaron las consecuencias.

El papel del presidente Carlos Mazón bajo la lupa

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido una figura señalada por la oposición en esta gestión, aunque la orden judicial actual no le menciona directamente. En entrevistas posteriores a la DANA, Mazón defendió la actuación de los servicios de emergencia autonómicos y calificó la DANA como un fenómeno atmosférico “intenso e impredecible”.

Sin embargo, partidos de la oposición como Compromís o el PSPV han denunciado que el gobierno autonómico no activó con la antelación requerida los niveles de alerta ni emitió los avisos preventivos apropiados, lo que pudo haber comprometido la respuesta ciudadana y los protocolos de evacuación.

Reacciones políticas y sociales

La orden judicial ha sido bien recibida por parte de colectivos vecinales y ambientalistas que exigen mayor transparencia y depuración de responsabilidades. De igual forma, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo Valenciano) ya había elevado quejas al Consell sobre la necesidad de revisar los procedimientos de aviso ante fenómenos climáticos extremos.

Qué implica conservar las comunicaciones sobre la DANA

Conservar las comunicaciones es un paso fundamental en el proceso de esclarecimiento legal. Preserva pruebas clave para determinar si las decisiones operativas se ajustaron a los protocolos establecidos ante emergencias de Nivel 2, como fue catalogado este episodio de DANA.

¿Qué tipo de información será conservada?

• Grabaciones de llamadas: Permitirán escuchar en detalle cómo se respondió a los avisos ciudadanos.
• Correos electrónicos y actas: Podrían evidenciar si hubo alertas desoídas o instrucciones contradictorias.
• Chats internos y reportes técnicos: Servirán para reconstruir la cronología de la respuesta institucional.

Además, se podrán identificar, en caso de haberlos, fallos técnicos o humanos al activar medidas de protección como cierre de infraestructuras públicas, alertas por megafonía o órdenes de evacuación.

La relevancia de la investigación en el contexto del cambio climático

Fenómenos como la DANA ya no son hechos aislados, sino manifestaciones cada vez más frecuentes del cambio climático. La Comunitat Valenciana es uno de los territorios más expuestos a estos eventos debido a su configuración geográfica, la expansión urbana y el incremento de temperaturas globales.

En este contexto, proteger a la población exige contar con protocolos ágiles, una infraestructura resiliente y sistemas de aviso fiables. Esta investigación, más allá de esclarecer lo sucedido en 2023, es una oportunidad para rediseñar la forma en que se gestionan las emergencias climáticas en la región.

Recomendaciones emergentes de expertos climáticos y técnicos

• Reforzar los sistemas de alerta temprana en poblaciones vulnerables.
• Capacitar al personal del 112 y coordinar simulacros interinstitucionales.
• Invertir en soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de recursos en tiempo real.

Las recomendaciones también enfatizan la importancia de mantener una red de comunicación política y técnica transparente y trazable, como precisamente intenta garantizar la jueza con esta orden de conservación de pruebas.

¿Qué puede suceder a continuación en la investigación?

Una vez recopiladas y aseguradas las comunicaciones, los peritos informáticos y jurídicos podrán analizarlas en detalle. En caso de que se detecten omisiones graves o responsabilidades claras, la jueza podría llamar a declarar a altos cargos o, incluso, abrir diligencias penales contra responsables públicos.

Otro paso posible sería la petición de informes periciales por parte de Protección Civil, AEMET, y el propio Centro de Coordinación de Emergencias para comparar los modelos de predicción meteorológica con las decisiones tomadas. Esto permitiría definir si el nivel de alerta activado fue proporcional al riesgo real que se pronosticaba.

No se descarta que organizaciones ciudadanas puedan aportar más pruebas o que se convoquen comisiones de investigación en Les Corts Valencianes para revisar la cadena de decisiones políticas durante esos días.

Conexión con otras DANA recientes: un patrón preocupante

La Comunitat Valenciana ha sufrido otras DANA en años anteriores (2019 y 2020) que también revelaron fallos en infraestructura urbana, evacuaciones tardías y deficiencias en prestación de servicios básicos. Esta reincidencia evidencia la necesidad de aplicar cambios estructurales a la política regional de gestión de riesgos climáticos.

Lecciones clave de eventos pasados

• Planificar evacuaciones con criterios socioeconómicos y de accesibilidad.
• Rediseñar zonas urbanas para reducir el riesgo de inundaciones.
• Revisar anualmente los mapas de riesgo hidrometeorológico.

Conclusión: transparencia y prevención, claves para el futuro

La conservación de las comunicaciones ordenada por la jueza de Valencia es un paso importante hacia la transparencia institucional y la responsabilidad pública en la gestión de emergencias climáticas. El caso de la DANA de septiembre