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Jueza solicita registro de llamadas de Mazón por la DANA
Investigación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana
La jueza encargada del caso que investiga la respuesta institucional ante la gota fría (DANA) ocurrida en septiembre de 2019 ha solicitado el listado completo de llamadas del actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante los días críticos del temporal. Esta medida forma parte de una ampliación de la comisión de investigación abierta en las Cortes Valencianas, con el objetivo de esclarecer si se produjeron negligencias o irregularidades en la gestión de la emergencia.
La petición de la magistrada ha generado una nueva ola de controversia política y mediática, ya que involucra a uno de los líderes políticos más importantes de la región y remueve un episodio meteorológico que provocó importantes daños materiales y humanas hace casi cinco años.
Antecedentes: La DANA que colapsó el sureste peninsular
Entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019, una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) descargó lluvias torrenciales sobre el territorio valenciano, especialmente en la provincia de Alicante y la Vega Baja. En aquel momento, Carlos Mazón era presidente de la Diputación de Alicante, institución que tenía competencia en infraestructuras de emergencia y coordinación comarcal.
Las inundaciones provocaron:
- Más de 6.000 evacuados.
- Innumerables daños en viviendas, cultivos e infraestructuras.
- Pérdidas económicas cifradas en más de 1.000 millones de euros.
- Controversias políticas por la gestión de la alerta.
La gravedad de los hechos llevó a que, meses después, se pusiera en marcha una comisión de investigación parlamentaria para determinar responsabilidades ante la posible falta de previsión y respuesta institucional.
¿Qué busca la jueza con el listado de llamadas?
En una diligencia emitida recientemente, la jueza ha solicitado acceso al registro telefónico de Carlos Mazón durante las fechas del 10 al 16 de septiembre de 2019. Esta actuación tiene como objetivo verificar la coordinación y respuesta del entonces presidente provincial, así como conocer con quién mantuvo comunicación durante los momentos más críticos de la crisis meteorológica.
La magistrada argumenta que el análisis de dichas llamadas podría aportar pruebas relevantes para esclarecer si hubo una posible:
- Omisión de deber de socorro.
- Falta de activación de recursos de emergencia.
- Descoordinación entre instituciones.
También se busca comprobar si desde la Diputación se facilitó la comunicación con alcaldes, cuerpos de seguridad, Protección Civil y otras entidades afectadas por las lluvias.
Reacciones políticas ante la decisión judicial
La decisión de la jueza ha provocado una rápida reacción en el ámbito político valenciano. Desde el Partido Popular (PP), actual partido en el gobierno autonómico y de donde proviene Mazón, se ha defendido la transparencia de los actos del presidente mientras lideraba la Diputación. Portavoces del PP afirman que “Carlos Mazón actuó de manera ejemplar” durante la emergencia.
Sin embargo, la oposición ha aprovechado la situación para exigir explicaciones públicas. Desde Compromís y el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) se ha solicitado la comparecencia inmediata de Mazón en la Comisión de Investigación del Parlamento regional.
Algunas de las declaraciones más destacadas han sido:
- Aitana Mas (Compromís): “Queremos saber si hubo negligencia y por qué no se actuó ante las previsiones meteorológicas.”
- Jose Muñoz (PSPV-PSOE): “La ciudadanía tiene derecho a conocer si se evitó actuar en un momento tan grave.”
- Elena Bastidas (PP): “Es una caza de brujas política basada en interpretaciones sesgadas.”
La Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes
La Comisión Parlamentaria sobre la gestión de la DANA, impulsada inicialmente por Compromís y el PSPV, lleva meses recopilando testimonios de responsables institucionales, técnicos del Consorcio de Bomberos y alcaldes de los municipios más afectados.
Según fuentes de la propia comisión, la información sobre las llamadas realizadas por Mazón sería clave para completar los hechos ocurridos durante los momentos más críticos de la emergencia. Algunos de los asuntos en los que se centra esta investigación son:
- El nivel de preparación y alerta establecido en días previos.
- El despliegue de efectivos de emergencia y medios materiales.
- La respuesta institucional ante el colapso de infraestructuras—carreteras, puentes y ríos desbordados.
- La comunicación entre administraciones.
La comisión, que aún no ha emitido conclusiones finales, espera poder realizar nuevas comparecencias tras las diligencias iniciadas en sede judicial.
Carlos Mazón mantiene que colaborará con la justicia
El propio Mazón, ante las preguntas de los medios, ha manifestado que su “actuación fue absolutamente transparente” y ha garantizado “plena colaboración” con los órganos judiciales y parlamentarios. El presidente ha insistido en que aquellos días fueron “los más duros de mi carrera política” y que “la prioridad fue salvar vidas y asistir a los damnificados”.
Además, ha recordado que desde la Diputación se activaron todos los recursos disponibles, incluidas brigadas de limpieza, asistencia técnica, y cooperación con la UME (Unidad Militar de Emergencias). Su equipo remarca que viajaron a los puntos más conflictivos e hicieron “un seguimiento directo” de la evolución del fenómeno meteorológico.
Implicaciones legales y políticas del caso
Si bien esta diligencia judicial no implica por sí misma una imputación contra Mazón, sí abre potenciales escenarios complejos para el líder autonómico. La revelación de dichas llamadas podría derivar en:
- Presiones políticas para asumir responsabilidades.
- Comparaciones con la gestión de otras comunidades autónomas en situaciones similares.
- Demandas ciudadanas por parte de los afectados si se prueba negligencia.
- Complicaciones en su imagen pública como dirigente regional.
Asimismo, la investigación se está siguiendo muy de cerca desde el Gobierno central, especialmente por el Ministerio de Política Territorial y por organismos de emergencias nacionales, al considerarse un caso paradigmático de gestión de catástrofes climáticas.
¿Puede afectar esta investigación a la estabilidad política de la Comunidad Valenciana?
En pleno 2024 y con Mazón como presidente autonómico, esta causa podría convertirse en un factor de desgaste de su liderazgo y un arma electoral. Sectores sociales y asociaciones de afectados han exigido una mayor clarificación de responsabilidades institucionales.
Organizaciones como la Plataforma de Damnificados de la Vega Baja valoran positivamente la reactivación de la causa judicial, mientras que exigen soluciones aún pendientes, como:
- Recuperación definitiva de cauces y drenajes obstruidos.
- Construcción de infraestructuras de retención de agua.
- Mejora en los protocolos de emergencia meteorológica.
La presión política y social se incrementa con cada nuevo dato que sale a la luz en este proceso, que ya trasciende el plano judicial y afecta directamente al debate público sobre la responsabilidad y preparación institucional ante catástrofes naturales.
Próximos pasos en la investigación
El tribunal espera recibir la información solicitada sobre las llamadas telefónicas en las próximas semanas. Paralelamente, la Comisión de Investigación de la DANA ha informado que organizará nuevas sesiones en las Cortes para analizar los datos una vez estén disponibles.
Además, no se descarta la comparecencia directa de Carlos Mazón ante la comisión, así como la citación de otros cargos políticos y técnicos implicados en la respuesta a la emergencia. Todo ello con el fin de esclarecer la verdad de manera transparente.
