Paiporta cobra IBI a casas dañadas por la DANA

Polémica en Paiporta: el cobro del IBI a viviendas aún afectadas por la borrasca DANA genera indignación vecinal

El Ayuntamiento de Paiporta, en la provincia de Valencia, se encuentra en el centro de la polémica tras haber emitido el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a varios propietarios cuyas viviendas siguen gravemente afectadas por daños estructurales a raíz de la DANA de 2019. Esta decisión ha generado un profundo malestar entre vecinos que llevan cuatro años sin poder volver a sus hogares por las severas condiciones en las que se encuentran los inmuebles.

Muchos de estos ciudadanos esperaban una exoneración fiscal que nunca llegó, mientras siguen sufriendo las consecuencias directas de aquel fenómeno meteorológico. La gestión del consistorio está siendo duramente criticada tanto por los afectados como por diversos sectores políticos y sociales.

Viviendas inhabitables pero con obligaciones fiscales intactas

Las viviendas afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) se encuentran, en su mayoría, en la zona sur del municipio, próxima al barranco de Chiva. Las lluvias torrenciales de aquel septiembre de 2019 provocaron:

• Inundaciones generalizadas en bajos y plantas bajas.
• Daños estructurales severos en techos, paredes y sistemas eléctricos.
• Evacuaciones urgentes de familias enteras.

Cientos de vecinos se vieron obligados a abandonar sus viviendas y no han podido regresar desde entonces debido al estado ruinoso en que quedaron las estructuras. Sin embargo, eso no ha impedido al Ayuntamiento de Paiporta seguir cobrando el IBI municipal, lo que ha sido considerado por muchos como una injusticia administrativa.

Una espera interminable por soluciones

Según los testimonios recogidos por varios medios locales, las familias afectadas han solicitado en múltiples ocasiones ayudas para la reparación o reconstrucción de sus inmuebles. Sin embargo, han obtenido pocas respuestas concretas por parte de la administración local. A pesar de las promesas iniciales de subvenciones y exenciones fiscales, las facturas siguen llegando año tras año.

“No podemos vivir en nuestras viviendas, porque están destruidas, pero sí tenemos que seguir pagando el IBI como si fueran habitables”, denuncia una de las afectadas por la catástrofe natural.

La DANA de 2019: un desastre natural con efectos prolongados

La DANA que azotó la Comunitat Valenciana en 2019 dejó una huella imborrable. El evento meteorológico, que arrasó municipios enteros, fue calificado como uno de los más destructivos de los últimos años. Paiporta no fue una excepción. En apenas 72 horas, las precipitaciones acumuladas superaron los 300 litros por metro cuadrado, generando:

• Desbordamientos de barrancos y ríos cercanos.
• Cortes de luz y servicios básicos.
• Pérdidas materiales incalculables.

Desde entonces, diferentes organismos han puesto en marcha planes de emergencia y estrategias para la prevención de futuras inundaciones. Sin embargo, en Paiporta, los vecinos todavía esperan que las consecuencias directas del desastre sean adecuadamente gestionadas.

El papel de las administraciones

Los afectados critican la inacción de las instituciones locales y autonómicas. A pesar de las reuniones mantenidas con representantes políticos, el resultado ha sido escaso. Los seguros y las ayudas prometidas por la delegación del Gobierno no se han materializado en su totalidad.

Mientras tanto, los recibos del IBI continúan llegando a los buzones de familias que no tienen hogar. Una situación que ha alimentado la tensión social y la indignación, especialmente después de varios intentos fallidos por obtener flexibilización fiscal.

Silencio institucional ante la petición de exoneración del IBI

Desde 2020, diversos colectivos vecinales han solicitado formalmente la suspensión del impuesto para propiedades inhabitables debido a catástrofes naturales. El consistorio, por su parte, argumenta que el catastro sigue reconociendo la existencia de los inmuebles como bienes registrales, e incluso en ruinas, esos bienes deben tributar.

Esta argumentación ha sido calificada como un acto de insensibilidad y falta de empatía institucional. Según los vecinos, existe margen legal suficiente para aplicar bonificaciones, reducciones o incluso exoneraciones, especialmente en casos de emergencia social.

Los afectados afirman que esta situación constituye una doble penalización: han perdido sus hogares y, a pesar de ello, se les exige el cumplimiento de obligaciones fiscales por algo que no pueden usar.

Reacciones políticas y sociales en aumento

La polémica ha suscitado una oleada de reacciones entre diferentes representantes del espectro político valenciano. Algunos grupos de la oposición han solicitado una investigación sobre la gestión de las ayudas tras la DANA y han presentado mociones para que el Ayuntamiento revise la carga fiscal aplicada en situaciones excepcionales.

Entidades sociales y plataformas ciudadanas también han mostrado su apoyo a los vecinos damnificados. Desde asociaciones de afectados por inundaciones hasta organizaciones vecinales consideran que debe aplicarse la justicia fiscal en estos casos.

“No se trata solo de números. Se trata de personas que han perdido sus casas, su seguridad y su vida cotidiana”, declaraba un representante de una plataforma de vecinos.

Propuestas sobre la mesa

Frente al creciente descontento, surgen varias propuestas que podrían aliviar la carga de los afectados:

• Revisión catastral extraordinaria para declarar inhabitabilidad de los inmuebles.
• Bonificación del IBI a viviendas afectadas por causas de fuerza mayor.
• Moratorias fiscales para afectados por desastres naturales.
• Aplicación del fondo de contingencia municipal para compensaciones específicas.

Estas medidas dependen directamente de la voluntad política del gobierno local, así como del apoyo del pleno del Ayuntamiento.

¿Puede el Ayuntamiento exonerar del IBI a viviendas inutilizables? Los márgenes legales

Según la Ley de Haciendas Locales, el IBI es un tributo obligatorio que deben pagar los titulares de bienes urbanos. No obstante, el marco legal contempla varias posibilidades de bonificación o exención bajo determinadas circunstancias:

• Inhabitación del inmueble por causas no imputables al propietario.
• Destrucción parcial o total del bien por causas de fuerza mayor.
• Incoación de expedientes de ruina urbana.

Además, los ayuntamientos pueden aplicar ordenanzas fiscales personalizadas que incluyan excepciones para casos como el actual. No obstante, se requiere voluntad política y agilidad administrativa para implementar estas medidas.

Conclusión: vecinos exigen justicia y sensibilidad fiscal

El caso de Paiporta y el cobro del IBI a viviendas dañadas por la DANA saca a la luz una realidad que combina burocracia, falta de empatía y una gestión que, para muchos, vulnera los principios de justicia tributaria.

Mientras las familias afectadas siguen esperando soluciones reales para recuperar sus hogares, el cobro de tributos por viviendas devastadas añade más dolor a una situación ya extremadamente compleja. Se exige claridad, medidas urgentes y, sobre todo, un cambio de rumbo en la gestión local para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

En última instancia, lo que se pide es simple: equidad fiscal para quienes más lo necesitan y políticas municipales que estén verdaderamente al servicio de sus ciudadanos —especialmente en tiempos de crisis.