Parcelas agrícolas sin ayudas tras DANA, denuncia LA UNIÓ

LA UNIÓ alerta sobre la exclusión de explotaciones agrarias en zonas de dominio público hidráulico

La organización agraria LA UNIÓ Llauradora ha denunciado públicamente la exclusión de numerosas parcelas agrícolas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ocurrida en 2023, debido a su clasificación como terreno de dominio público hidráulico. Según informa la entidad, esta situación está dejando fuera de las ayudas a los agricultores cuyas explotaciones sufrieron severos daños durante los temporales de septiembre del año pasado en la Comunidad Valenciana.

La DANA de 2023: fuertes daños sin compensación

En septiembre de 2023, la Comunidad Valenciana fue golpeada duramente por una DANA que dejó a su paso lluvias torrenciales, inundaciones, corrimientos de tierra y daños generalizados en las infraestructuras agrarias y cultivos. Hasta la fecha, muchos agricultores aún intentan recuperarse de las pérdidas y el deterioro de sus tierras cultivables.

A pesar de que el Gobierno aprobó un Real Decreto de ayudas para paliar daños agrícolas procedentes de fenómenos meteorológicos extremos, LA UNIÓ denuncia que miles de explotaciones no están recibiendo estas subvenciones por estar situadas en terrenos que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) clasifica como dominio público hidráulico.

¿Qué es el dominio público hidráulico y por qué afecta a las ayudas?

El dominio público hidráulico es un concepto legal que se refiere a bienes afectados al uso común fluvial y que pertenecen al Estado. Esto incluye cauces naturales de ríos, barrancos, ramblas y otras zonas que, aunque actualmente puedan estar en uso agrícola, figuran en el Catálogo Dominial de la CHJ.

El problema radica en que estas zonas están excluidas de ayudas públicas porque, según las normativas actuales, no deberían estar siendo explotadas para ningún uso particular, como el agrícola.

Las repercusiones para el campo valenciano

• Numerosos agricultores se ven sin derecho a compensación por daños pese a llevar cultivando legalmente sus tierras durante décadas.
• Los cultivos afectados incluyen cítricos, hortalizas, frutales y viñedos, sobre todo en zonas de Ribera Alta, La Safor y La Marina.
• Los agricultores afrontan también el riesgo de sanciones económicas por el uso de lo que la administración considera espacio protegido.

Desde LA UNIÓ denuncian que se trata de una situación injusta e incoherente, ya que muchas de estas parcelas están reconocidas en el SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) y cotizan en la Seguridad Social Agraria, además de estar sujetas a impuestos municipales.

Reclaman una revisión de las ayudas y del Catálogo Dominial

LA UNIÓ exige a la administración que se proceda a una urgente revisión del Catálogo Dominial para adecuarlo a la realidad actual del campo. En muchos casos, aseguran, se trata de terrenos agrícolas en uso desde hace décadas y cuya inclusión en el catálogo responde a criterios antiguos, mal actualizados o ambiguos.

Las exigencias de LA UNIÓ

• Apertura de una línea de ayudas específica para agricultores cuyas explotaciones estuvieran dentro de dominio público hidráulico.
• Realización de un censo detallado de las parcelas agrícolas afectadas por la DANA que han sido excluidas injustamente.
• Implicación activa de la CHJ en la coordinación con otras administraciones para actualizar el estado de las parcelas y considerar los usos agrícolas ya consolidados.
• Suspensión inmediata de posibles sanciones administrativas o demoliciones de instalaciones agrarias en estos terrenos mientras se resuelve la disputa administrativa.

Casos reales: agricultores que viven la exclusión

Numerosos agricultores se sienten desamparados. Es el caso de José Martí, agricultor de Algemesí, quien cultiva naranjas desde hace más de 30 años en una parcela que ahora figura como zona inundable. “Nos pidieron datos y papeles para justificar todo. Al final presentamos expedientes, facturas, incluso fotos de los destrozos, pero la ayuda nunca llegó. Después supimos que no lo reconocen por estar sobre dominio público hidráulico. Es indignante”, denuncia.

Casos similares se repiten en municipios de la Ribera del Xúquer, donde muchos agricultores aseguran que han recibido apenas comunicaciones explicando los motivos concretos de la exclusión o canales formales para recurrir la decisión.

El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar

La Confederación Hidrográfica del Júcar juega un papel clave en este conflicto. Como organismo responsable del mantenimiento y vigilancia del dominio público hidráulico, la CHJ ha limitado históricamente el reconocimiento oficial de parcelas agrícolas situadas en zonas inundables.

Sin embargo, desde LA UNIÓ expresan su malestar porque la CHJ no está considerando la realidad del territorio y los usos agrícolas históricos en sus evaluaciones. “Solo se apoyan en criterios técnicos sin comprobar los casos concretos, perjudicando a miles de pequeños productores”, afirma Carles Peris, secretario general de la organización.

Solicitan la intervención de otras administraciones públicas

Ante esta situación, LA UNIÓ ha remitido escritos y propuestas tanto a la Conselleria de Agricultura como al Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar, solicitando una intervención política y técnica coordinada para dar solución a los afectados.

Entre sus peticiones se incluye la habilitación de un mecanismo de revisión rápida de parcelas y su situación jurídica, así como la aplicación de moratorias a potenciales sanciones relacionadas con el uso de dominio público hidráulico.

Consecuencias a medio y largo plazo para el sector

La exclusión de estas ayudas no solo deja sin respaldo económico a los damnificados, sino que agrava la despoblación rural, debilita la posición del agricultor tradicional y desincentiva el relevo generacional en el campo.

Impacto en el desarrollo agrícola

• Incremento del abandono de parcelas rurales sin rentabilidad ni ayudas.
• Dificultades en la reconstrucción de infraestructuras agrarias esenciales como acequias, caminos rurales o balsas de riego.
• Reducción de la competitividad agrícola valenciana frente a otras regiones con ayudas más flexibles.

Desde el mundo agrario se advierte que estas restricciones no solo afectan a campesinos concretos, sino que ponen en riesgo un modelo agrícola de proximidad sostenible y vinculado al territorio, que forma parte esencial del paisaje y economía de la Comunidad Valenciana.

Clamor por una agricultura viable y protegida

LA UNIÓ insiste en que el agricultor debe ser reconocido como gestor del territorio y no como ocupante ilegal. Defienden que muchos de los cultivos situados en esas zonas cumplen una función ambiental al controlar la erosión, prevenir incendios y favorecer la biodiversidad.

Una política hídrica más adaptada a la realidad agraria se hace urgente. La organización reclama un modelo más flexible y colaborativo entre instituciones que escuche la voz de quienes trabajan la tierra.

Conclusiones: hacia una solución justa y equilibrada

La problemática de las parcelas agrícolas en dominio público hidráulico tras la DANA de 2023 ha desatado una profunda indignación en el sector primario de la Comunidad Valenciana. Mientras cientos de explotaciones continúan esperando respuesta a sus solicitudes de compensación, la falta de coordinación institucional y la rigidez de ciertas normativas impiden una solución justa.

Desde LA UNIÓ, el mensaje es claro: no se puede condenar al olvido al agricultor que cultiva y protege el territorio. Es imprescindible revisar las