Pérez Llorca niega chats con Mazón y Pradas el 29-O

Contexto político y judicial del caso Dana

El caso Dana, que investiga las presuntas maniobras políticas relacionadas con el nombramiento de altos cargos en la Generalitat Valenciana, continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y mediático. La jueza del caso ha solicitado nuevas pruebas y ha interrogado a figuras clave del escenario político autonómico, entre ellas a representantes del PP de la Comunidad Valenciana.

Recientemente, el abogado Pérez Llorca negó tajantemente ante la jueza la existencia de conversaciones de WhatsApp entre él y los dirigentes populares Carlos Mazón y Carmen Pradas el 29 de octubre, fecha en que se produjo una polémica designación en la administración autonómica.

¿Qué se investiga en el caso Dana?

El epicentro de la investigación judicial está en el supuesto nombramiento irregular de la directora general de Transparencia, Marta Dana, en un proceso que podría haber estado condicionado por intereses partidistas. Se sospecha que algunos cargos políticos pudieron haber negociado y coordinado el nombramiento, obviando procedimientos administrativos y legales.

El caso ya ha implicado a varios miembros relevantes del Partido Popular y del gobierno autonómico. En este marco, los intercambios de mensajes vía WhatsApp están siendo una pieza clave para esclarecer los hechos y determinar si hubo concertación previa entre políticos y asesores jurídicos para ejercer presiones o alterar resoluciones administrativas.

Los indicios relacionados con el 29 de octubre

La jornada del 29 de octubre fue particularmente relevante. De acuerdo con las pesquisas judiciales, en esa fecha se habrían producido diversas comunicaciones entre cargos del partido y personas vinculadas con la estructura administrativa del Consell. El objetivo de estas supuestas conversaciones habría sido pactar el nombramiento de Dana en un contexto que aún está siendo evaluado por la jueza instructora.

Entre los investigados se encuentran Carmen Pradas, ex directora general de Coordinación del gabinete del presidente, y Carlos Mazón, actual presidente de la Generalitat. Ambos han sido señalados en las diligencias por su presunta comunicación con Pérez Llorca. Sin embargo, la declaración del abogado ha dado un giro inesperado al curso de las indagaciones.

La declaración de Pérez Llorca ante la jueza

El abogado Pérez Llorca compareció recientemente ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia como testigo en la causa abierta. Durante su declaración, Llorca afirmó de manera categórica que

• No intercambió mensajes de WhatsApp con Carmen Pradas ni con Carlos Mazón el 29 de octubre.
• Desconoce cualquier conversación o negociación paralela relacionada con el nombramiento de Dana.
• No participó en ningún foro de decisión o coordinación política desde su rol jurídico.

Estas afirmaciones contradicen algunos extractos aportados por otras partes en la investigación que señalaban la existencia de dichos chats. Según fuentes cercanas al proceso, los mensajes aún no han sido oficialmente incorporados como pruebas válidas al no haber sido verificados por el peritaje informático autorizado por el juzgado.

El papel de Pérez Llorca

Desde el inicio de la investigación, Pérez Llorca ha sido una figura recurrente debido a su cercanía con el entorno jurídico del PP valenciano y su supuesto asesoramiento en procesos internos de la administración pública.

No obstante, en su declaración dejó claro que su trabajo fue meramente técnico y se limitó a asesorías legales sin entrar en decisiones políticas.

Reacciones políticas y mediáticas

El caso ha vuelto a encender el debate político en la Comunidad Valenciana. Diversos partidos han exigido explicaciones públicas e incluso la apertura de responsabilidades políticas paralelas a la investigación judicial.

Posiciones del PP

Desde el Partido Popular, se han desvinculado de manera oficial de cualquier maniobra irregular. La portavoz parlamentaria popular ha remitido un comunicado asegurando que:

• No existió ninguna trama para el nombramiento de cargos.
• Sus líderes respetan los procedimientos legales y administrativos.
• Brindarán total colaboración con la Justicia para dilucidar los hechos.

Además, defienden tanto a Carlos Mazón como a Carmen Pradas, calificando las acusaciones de “infundadas y carentes de rigor probatorio”.

Reacciones de la oposición

Desde Compromís y el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) se ha exigido mayor transparencia. Varios de sus representantes han aparecido públicamente para solicitar que Mazón comparezca ante las Cortes Valencianas para explicar el contexto del nombramiento de Dana.

El portavoz socialista ha sido especialmente crítico: “La justicia investiga unos hechos muy graves. Es el momento de asumir responsabilidades políticas mientras se depuran las judiciales”.

La prueba clave: los mensajes de WhastApp

Los mensajes de WhatsApp han cobrado una relevancia central en el proceso judicial. La jueza ha solicitado acceder a los registros digitales de personas implicadas para verificar las comunicaciones durante los días críticos del nombramiento.

• Se están analizando dispositivos móviles de los implicados.
• La Guardia Civil tecnológica colabora en el peritaje forense.
• Se busca confirmar si hubo coordinación entre cargos públicos y asesores.

Sin embargo, hasta el momento, los peritos no han reportado de forma oficial la existencia de dichos mensajes en los teléfonos analizados. Esta falta de evidencia podría beneficiar a los testigos como Pérez Llorca, cuya declaración niega rotundamente la existencia de esas supuestas conversaciones.

Implicaciones legales de las declaraciones

La negación de chats por parte de Pérez Llorca podría tener un impacto decisivo en el desarrollo de la causa. De confirmarse su versión mediante peritajes forenses, los argumentos de las acusaciones se verían debilitados al faltar pruebas directas que respalden las teorías de una presunta operación política coordinada.

No obstante, en caso de que los análisis futuros revelen la existencia de chats contradictorios, la credibilidad del testigo se vería comprometida y podría derivar en nuevas imputaciones por posible falso testimonio o obstrucción a la justicia.

La perspectiva del tribunal

La jueza ha subrayado en diferentes autos su compromiso con una investigación exhaustiva. Ha autorizado nuevos registros digitales, ha ampliado diligencias y continúa recibiendo declaraciones en calidad de testigos y posibles imputados.

Fuentes del juzgado confirman que la prioridad es esclarecer si hubo una intencionalidad detrás de los nombramientos que contravenga lo estipulado por la normativa vigente.

Lo que depara el futuro del caso Dana

Mientras la instrucción judicial sigue avanzando, el panorama político valenciano permanece expectante. Las próximas semanas pueden ser decisivas, ya que está prevista la presentación formal de una nueva remesa de pruebas documentales y testificales.

• Podría citarse a declarar nuevamente a Pradas y Mazón.
• Se esperan los informes técnicos definitivos sobre los móviles analizados.
• La jueza decidirá si amplía la causa a más altos cargos o la archiva parcialmente.

El impacto político del caso ya es innegable, especialmente en un momento de creciente tensión dentro de la coalición autonómica. Sea cual sea el desenlace judicial, el escrutinio público sobre los métodos de designación de altos cargos se ha intensificado considerablemente.

Conclusión

La negativa de Pérez Llorca sobre la existencia de mensajes con Mazón y Pradas el 29-O representa un nuevo giro en el caso Dana. Sin pruebas irrefutables que confirmen los chats, las acusaciones pierden fuerza, pero la investigación sigue abierta y su desenlace aún está por determinarse.

Lo que sí es claro es que este proceso ha visibilizado la importancia de la transparencia en los nombramientos públicos