Detenidos por robo y venta de 13 toneladas de cobre

Una investigación en profundidad destapa una red delictiva a gran escala

En una operación conjunta entre la Guardia Civil y autoridades judiciales, se ha logrado desarticular una red organizada dedicada al robo y venta de cobre en la Comunidad Valenciana y otras zonas del país. El resultado ha sido la detención de siete personas y la investigación de otras 17 implicadas en una actividad delictiva que ha causado importantes perjuicios económicos e infraestructurales, y que ha levantado una seria preocupación en sectores clave como el eléctrico y de las telecomunicaciones.

Operación Oro Rojo: el golpe contra los traficantes de cobre

Bajo el nombre de Operación Oro Rojo, la investigación se inició a raíz de varios robos de cables de cobre registrados en infraestructuras críticas, incluyendo líneas eléctricas, redes ferroviarias y plantas industriales. La actuación policial permitió recopilar indicios clave durante varios meses hasta poder actuar con eficacia y desmantelar el entramado.

Durante las pesquisas, se descubrió que el grupo criminal operaba con un alto grado de organización, realizando robos planificados y actuando en zonas rurales y urbanas de manera sigilosa y coordinada. Posteriormente, el cobre sustraído era procesado y vendido en mercados nacionales e internacionales.

Material recuperado y cifras de la operación

Las fuerzas de seguridad han conseguido recuperar más de 13 toneladas de cobre, con un valor de mercado superior a los 90.000 euros. Además, se han incautado herramientas especializadas, vehículos, teléfonos móviles y documentación que confirma la existencia de una red bien estructurada.

• 13 toneladas de cobre sustraído recuperadas
• Más de 90.000 euros en pérdidas económicas para las víctimas
• Detención de 7 personas implicadas directamente
• Investigación abierta a 17 sospechosos adicionales
• Operación desarrollada en varias provincias, especialmente en Valencia, Tarragona y Albacete

Un delito que afecta a infraestructuras clave y cuesta millones al año

El robo de cobre se ha convertido en uno de los delitos más destructivos y recurrentes en los últimos años en España. El “oro rojo”, como se le conoce por su alto valor en el mercado negro, es especialmente codiciado debido a su uso generalizado en infraestructuras eléctricas, redes de telecomunicaciones, ferrocarriles y maquinaria industrial.

Además de su impacto económico, este tipo de delitos puede poner en peligro vidas humanas al interferir con servicios esenciales como:

• Suministro eléctrico en ciudades y zonas rurales
• Señalización ferroviaria y sistemas de seguridad
• Comunicaciones críticas en emergencias o situaciones de riesgo

Según fuentes oficiales, sólo en 2023, el robo de cobre provocó pérdidas superiores a 15 millones de euros en España, sin contar con los costes asociados a la reposición del material, daños estructurales y retrasos en servicios públicos.

Así actuaba la banda criminal que saqueó 13 toneladas de cobre

Los autores de los robos formaban un grupo altamente especializado. Su modus operandi consistía en identificar zonas de baja vigilancia, actuar de noche y cortar el suministro eléctrico para trabajar sin riesgo. Expertos en técnicas de corte y extracción, cargaban rápidamente el material en furgonetas modificadas para evitar ser detectadas por los sensores de peso y temperatura de las patrullas.

Proceso de reventa del cobre robado

Una vez extraído el cobre, se procedía a su procesamiento ilegal para eliminar aislamientos plásticos y marcas industriales. Más tarde, el cobre limpio era transportado hasta chatarrerías clandestinas o exportado mediante intermediarios.

• Extracción en zonas rurales y polígonos industriales
• Traslado nocturno en vehículos modificados
• Almacenamiento en naves ocultas sin licencia
• Venta a terceros o redes dedicadas a fundición

Implicaciones legales y consecuencias para los detenidos

Los detenidos se enfrentan a cargos por sustracción de materiales esenciales para infraestructuras públicas, pertenencia a organización criminal, daños a bienes públicos, blanqueo de capitales y receptación. De ser hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión y elevadas multas económicas.

La Guardia Civil ha destacado que el operativo sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones o ampliaciones del expediente judicial. Además, se están revisando casos similares ocurridos en otras provincias para verificar si hay conexión con esta red.

Crecimiento del robo de cobre en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha registrado en los últimos años un notable aumento de este tipo de delitos. Según fuentes policiales, sectores como el agrícola, ferroviario e industrial han sido los más afectados. Tan solo en 2023, se presentaron más de 200 denuncias relacionadas con la sustracción de cableado, superando notablemente los indicadores de años anteriores.

Expertos indican que el alza del precio del cobre a nivel internacional impulsa esta actividad delictiva. La tonelada del material se cotiza actualmente en torno a 8.000 euros, lo que convierte al cobre en un bien atractivo para redes ilegales que operan con impunidad.

Medidas para frenar una práctica cada vez más común

Ante el incremento de los robos, distintas entidades públicas y privadas han comenzado a implementar sistemas de seguridad más avanzados. Entre las recomendaciones para reducir el número de incidencias destacan:

• Instalación de cámaras térmicas y sensores de movimiento
• Marcado químico del cableado para rastrear su origen
• Revisión periódica de infraestructuras críticas
• Creación de bancos centralizados de datos sobre materiales sustraídos

Asimismo, se están reforzando las inspecciones en centros de reciclado y chatarrerías para detectar la posible entrada de material robado. También se incentivará el uso de materiales alternativos o revestimientos especiales que dificulten su manipulación.

La colaboración ciudadana, clave para combatir el robo de cobre

Las autoridades han insistido en la importancia de la implicación ciudadana para frenar esta lacra. Muchos de los avances en la investigación de la Operación Oro Rojo han sido posibles gracias a denuncias anónimas y a la cooperación de trabajadores y vecinos que alertaron de movimientos sospechosos.

Si cualquier ciudadano observa una manipulación no autorizada de infraestructuras eléctricas, la presencia de vehículos sospechosos cerca de instalaciones públicas o actividad nocturna fuera de lo común, es fundamental avisar de inmediato a la Guardia Civil o al 112.

Una alerta sobre el impacto del tráfico de metales

El caso refleja una creciente tendencia en España y Europa: la revalorización de ciertos metales está incentivando su sustracción sistemática y mafiosa. Esta problemática no solo supone un problema de seguridad pública, sino que también afecta a la economía circular, los ecosistemas industriales y la confianza en la seguridad de nuestras infraestructuras.

Desde las instituciones se insiste en la necesidad de implementar normativas más estrictas sobre la trazabilidad de metales y el refuerzo de penas para quienes participen de este tipo de delitos.

Conclusión: una operación clave con efectos disuasivos

La actuación coordinada de las fuerzas de seguridad en la desarticulación de esta red representa un avance significativo