Trabajo Social pide Renta Valenciana más justa y eficaz

Una llamada urgente a la justicia social en la Comunidad Valenciana

El Colegio Oficial de Trabajo Social de València ha elevado la voz para reclamar una reforma integral de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Este recurso, creado con el objetivo de garantizar la protección social a las personas más vulnerables, presenta fallos que dificultan su misión original. Años después de su puesta en marcha, profesionales del ámbito social denuncian problemas estructurales, demoras administrativas y limitaciones en su aplicación que impiden alcanzar una verdadera inclusión social.

¿Qué es la Renta Valenciana de Inclusión?

La Renta Valenciana de Inclusión fue diseñada en 2018 como una prestación garantizada para combatir la exclusión social en la Comunidad Valenciana. Su propósito es ofrecer una ayuda económica estable a personas y familias con dificultades, al tiempo que se les apoya con programas de inserción social y laboral.

Esta prestación se articula en diferentes niveles, según la situación personal y familiar del solicitante, e incluye además proyectos individuales de inserción guiados por profesionales del trabajo social. La clave no es solo sostener económicamente, sino acompañar a la persona hacia la autonomía.

Las carencias que impiden su efectividad

Retrasos y sobrecarga burocrática

Uno de los mayores problemas señalados por los trabajadores sociales es la lentitud administrativa. Desde que se solicita la ayuda hasta que se concede, pueden pasar más de seis meses, lo que representa un obstáculo inmenso para las personas en riesgo.

Según denuncian los profesionales:

• Los procesos de tramitación son largos y complejos.
• Faltan recursos humanos para atender la alta carga de solicitudes.
• Las plataformas digitales tienen fallos técnicos frecuentes.

Déficit de personal en servicios sociales

Los equipos de trabajo social, responsables de acompañar el proceso de inserción, se encuentran sobrepasados. En muchos municipios, un único profesional debe atender a centenares de casos, imposibilitando un seguimiento personalizado.

El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia que esta situación impide cumplir el principio básico de esta herramienta: vincular la ayuda económica a proyectos de inclusión social. Sin personal suficiente, solo se entrega dinero, pero no se transforma la realidad social de los beneficiarios.

Falta de coordinación con otras administraciones

Otro de los puntos críticos identificados es la escasa interoperabilidad entre las distintas administraciones implicadas: ayuntamientos, consellerias de Bienestar Social, Educación, Empleo y Sanidad. Esta falta de comunicación provoca:

• Duplicidades en la documentación requerida.
• Errores en la valoración de la vulnerabilidad del solicitante.
• Desconexión entre las ayudas económicas y los servicios de empleo o salud mental.

Limitaciones en el acceso a personas migrantes

La normativa vigente excluye, o dificulta en gran medida, el acceso de personas migrantes en situación irregular o con menos de un año de empadronamiento continuo. Estas restricciones chocan directamente con la realidad de muchas personas vulnerables, que se ven desprotegidas y sin opciones para avanzar.

La realidad de las personas beneficiarias

Según datos aportados por el Colegio Oficial, la mayoría de las personas que solicitan la RVI viven realidades de extrema precariedad:

• Mujeres solas con hijos.
• Personas sin hogar o con infraviviendas.
• Víctimas de violencia de género o institucional.
• Jóvenes extutelados sin apoyo familiar ni recursos.
• Personas mayores o con discapacidad con escasos ingresos.

En estos casos, la ayuda económica es vital, pero también lo es la posibilidad de acceder a acompañamiento psicológico, laboral o educativo. Sin esa intervención integral, la prestación se convierte en un parche temporal sin efecto transformador.

Propuestas de mejora por parte del Trabajo Social

Como colectivo profesional que trabaja directamente con los beneficiarios, el Trabajo Social propone una revisión profunda del modelo actual. Desde su experiencia diaria, plantean varias líneas de acción para mejorar la eficacia y justicia de la RVI:

1. Refuerzo urgente de los servicios sociales municipales

Es fundamental reforzar plantillas y medios técnicos para garantizar una atención ágil, digna y adaptada. Se requieren más profesionales en los municipios para evaluar y acompañar adecuadamente cada caso.

2. Simplificación de los trámites administrativos

Reducir los requisitos burocráticos, facilitar la presentación de documentación digital y establecer un canal ágil de seguimiento son pasos necesarios. Digitalización sí, pero sin olvidar la brecha digital de muchas personas vulnerables.

3. Mejoras en la coordinación institucional

Se plantea un sistema integrado entre las distintas consellerias y los ayuntamientos para compartir información y generar respuestas más rápidas y completas. También es esencial que los servicios de salud, empleo y vivienda trabajen en red.

4. Aumento de la cuantía de la ayuda

Actualmente, el importe de la RVI es inferior al umbral de pobreza. Elevar la ayuda al nivel del Ingreso Mínimo Vital sería un paso necesario para garantizar condiciones de vida dignas.

5. Inclusión de personas sin regularización administrativa

El Colegio y múltiples entidades abogan por eliminar las barreras que impiden a las personas migrantes acceder a estas ayudas. Nadie debe quedar fuera del sistema por motivos burocráticos o jurídicos, advierten.

Impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión

La Renta Valenciana de Inclusión es una herramienta con potencial transformador, pero necesita ajustes profundos para funcionar correctamente. Cuando opera bien, puede cambiar el futuro de una familia entera: facilita acceso a la vivienda, reduce la ansiedad de la inseguridad económica y abre caminos hacia un empleo digno.

No se trata solo de “dar dinero”, sino de acompañar procesos de autonomía personal y comunitaria. Por eso, la participación activa de los trabajadores y trabajadoras sociales es clave para recuperar la esencia del modelo.

Un llamamiento a la voluntad política

Desde el sector profesional se insta a la Generalitat Valenciana a renovar su compromiso con los derechos sociales y priorizar la lucha contra la pobreza como una política transversal. La inversión en inclusión no es un gasto, es una inversión social con retorno: personas más integradas, sanas, formadas y con proyecto de vida.

Además, se reclama un proceso participativo para reformar la ley que regula la RVI, incluyendo la voz de profesionales, usuarias, municipios y organizaciones sociales. La inclusión no puede diseñarse desde un despacho, sino escuchando a quienes viven y trabajan en primera línea del territorio.

Conclusión: hacia una Renta Valenciana de Inclusión más humana y eficiente

El Trabajo Social en la Comunidad Valenciana lanza un mensaje claro: hay que repensar la Renta Valenciana de Inclusión para que cumpla verdaderamente su función. No se puede permitir que una herramienta destinada a proteger se convierta en un obstáculo por su mala implementación.

Para lograrlo, se necesita voluntad política, diagnóstico compartido y coordinación tecnica. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa, en la que nadie quede atrás por el simple hecho de nacer o caer en una situación desfavorable.

La Comunidad Valenciana tiene en sus manos una oportunidad histórica: convertir la RVI en verdadera palanca de transformación social. ¿Estará a la altura del reto?