1 de diciembre de 2025
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La causa por la DANA suma vídeos clave de Mazón

La causa por la DANA suma vídeos clave de Mazón

La investigación por la respuesta ante la DANA en 2019 da un nuevo giro

La causa judicial por la DANA de septiembre de 2019 que afecta a diversos responsables políticos de la Comunitat Valenciana ha dado un paso significativo con la incorporación de dos vídeos determinantes en la instrucción. Estas grabaciones muestran la entrada del actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) el 12 de septiembre de 2019, en medio de la devastadora bajada de aguas.

Las imágenes podrían resultar clave en el proceso, al arrojar nueva luz sobre la actuación de las autoridades durante la emergencia.

¿Qué muestran los vídeos incorporados al caso?

El juzgado que instruye el caso en la Ciudad de la Justicia de València ha confirmado la inclusión de dos grabaciones de videovigilancia captadas desde la entrada del CCE en l’Eliana. Ambas muestran cómo Carlos Mazón, entonces presidente de la Diputación de Alicante, accede al centro en compañía de su jefe de gabinete.

Las grabaciones, que se solicitaban desde hacía meses como pruebas documentales relevantes, vienen a confirmar que Mazón estuvo presente en el centro de emergencias en uno de los momentos más críticos de la crisis meteorológica que azotó el sur de la Comunitat Valenciana.

Detalles relevantes de los vídeos

  • Vídeo 1 (Entrada principal): Muestra la llegada de Mazón y su entrada al recinto a las 16:06 horas del 12 de septiembre de 2019.
  • Vídeo 2 (Zona interior): Se identifica el recorrido de Mazón hacia una zona no especificada del edificio, acompañado de su equipo y sin presencia de medios de comunicación.

Estos registros visuales constituyen una prueba clave para los investigadores, al sustentar que el actual presidente autonómico tuvo conocimiento directo y presencial de la gestión que se realizaba desde el CCE.

Contexto de la causa judicial

La causa investiga la actuación de diversas administraciones durante la gota fría o DANA de 2019, que causó múltiples daños materiales e incluso víctimas mortales en las provincias de Alicante y Murcia.

Los hechos se centran, especialmente, en la supuesta mala gestión de los avisos, la falta de activación de protocolos adecuados por parte de la Generalitat y, sobre todo, en si se actuó con la diligencia debida para mitigar los efectos del desastre natural.

Partes implicadas en el proceso

Los vídeos han sido aceptados como prueba a petición de la acusación popular, ejercida por un particular que perdió su vivienda durante el temporal. La parte actora mantiene que la entrada de personalidades políticas como Mazón —quien entonces ostentaba competencias en materia de emergencia provincial— evidencia una posible omisión de deber de colaboración entre administraciones.

Por otro lado, desde la defensa se argumenta que la visita de Mazón fue protocolaria y responde a su interés legítimo en la situación de emergencia.

El papel de Carlos Mazón en aquel momento

Aunque actualmente lidera la Generalitat Valenciana como presidente del Consell, en septiembre de 2019 Carlos Mazón era todavía el máximo responsable de la Diputación de Alicante. Bajo sus competencias recaía la coordinación de acciones municipales, y tenía la responsabilidad de patronear planes de apoyo a zonas afectadas por catástrofes.

Este nuevo elemento probatorio podría tener implicaciones si se demuestra que tuvo acceso a información que no fue trasladada adecuadamente a otros niveles administrativos.

¿Afecta esto a su posición actual?

Desde Presidencia de la Generalitat se ha subrayado que el presidente Mazón ha colaborado plenamente con la justicia y que su actuación tanto entonces como ahora ha sido transparente. Fuentes oficiales remarcan que, en su momento, la Diputación movilizó todos los recursos a su alcance para atender a los municipios afectados.

No obstante, voces de la oposición cuestionan si la presencia documentada de Mazón en el CCE —ahora verificada por vídeo— podría suponer indicios de conocimiento previo de la gravedad de la situación que, aseguran, no fue comunicada con suficiente antelación ni con claridad a los órganos de emergencias y protección civil.

Importancia procesal de las grabaciones

El juzgado considera que estas grabaciones representan un punto de inflexión en la instrucción. Hasta el momento, gran parte de las declaraciones de testigos y responsables políticos habían mantenido opiniones divergentes sobre quién accionó alertas, qué tipo de coordinación hubo y cuándo se puso en marcha cada protocolo.

Los vídeos pueden ayudar a:

  • Aclarar cronologías: Confirmar horas de entrada y salida de políticos clave.
  • Demostrar presencia efectiva: Verificar asistencia a salas de mando o seguimiento.
  • Reforzar o contradecir testimonios: Contrastar con declaraciones juradas ya presentadas.

Además, estas nuevas pruebas elevan el nivel de exigencia en términos de responsabilidad política y administrativa, especialmente cuando se debate sobre la eficiencia en la respuesta institucional ante una catástrofe.

La DANA de 2019: el episodio más grave en décadas

El temporal que golpeó la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019 fue calificado por AEMET como uno de los fenómenos más extremos del siglo. Las precipitaciones acumuladas, superiores a los 400 litros por metro cuadrado en algunos municipios, provocaron:

  • Inundaciones devastadoras en la Vega Baja
  • Evacuaciones de miles de personas
  • Daños materiales millonarios
  • Fallecimiento de varias personas

Estas circunstancias explican por qué diversas organizaciones civiles y vecinos damnificados llevaron el caso a los tribunales, al considerar que no hubo la diligencia debida por parte de las instituciones.

Declaraciones recientes y posicionamientos políticos

Mientras se aguarda una próxima ronda de citaciones judiciales tras la entrada de los vídeos al sumario, diversos actores políticos han reaccionado de forma inmediata a la noticia. Desde la oposición, se han pedido explicaciones públicas a Mazón y se ha solicitado mayor acceso a las comunicaciones internas durante aquellos días.

Por su parte, el actual Consell defiende que Mazón actuó con responsabilidad. Insisten en que las imágenes “no prueban irregularidades” y que el actual presidente operó dentro de los márgenes legales y administrativos propios de su cargo en ese momento.

Otros elementos bajo análisis judicial

Los vídeos de Mazón no son las primeras pruebas de carácter audiovisual incorporadas a la investigación. También se han revisado:

  • Grabaciones de llamadas de emergencia
  • Informes técnicos meteorológicos
  • Actas de reuniones entre Consell y Diputaciones

Además, se ha solicitado al Centro Operativo de Emergencias si se conservan audios e informes de la reunión mantenida el mismo día 12 de septiembre, en la que presuntamente participaron responsables de distintas consellerias y unidades de Protección Civil.

¿Cuál será el siguiente paso en la causa?

Con la incorporación de los vídeos a la instrucción, el tribunal ha dado un plazo de diez días a las partes para realizar nuevas valoraciones, pedir diligencias complementarias o solicitar la declaración de nuevas personas implicadas.

Es probable que en las próximas semanas se produzcan nuevos pronunciamientos por parte de la magistrada instructora, que busca depurar responsabilidades concretas y determinar si hubo una negligencia institucional que agravó las consecuencias de la catástrofe.

Conclusión: una causa que sigue sumando pruebas

La causa judicial abierta por los efectos de la DANA de 2019 sigue avanzando con la incorporación de nuevas y contundentes pruebas. La presencia confirmada por vídeo de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias durante el momento más crítico del temporal puede marcar un punto de inflexión en la instrucción.

Aunque no implica automáticamente responsabilidades penales, añade tensión al escenario político valenciano, donde se entremezclan el deber de transparencia, la oportunidad de depurar errores pasados y el reto de mejorar los protocolos ante futuras emergencias.

Lo que está claro es que esta investigación no ha dicho su última palabra, y la opinión pública

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