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La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción de la causa judicial sobre la DANA del 29 de octubre. Su defensa alega que el derecho de defensa está siendo vulnerado y critica duramente la actuación de la jueza del Juzgado de Catarroja.
🏛️ Una queja formal por una instrucción “marcada”
El terremoto político que ha generado la gestión judicial del caso DANA suma un nuevo episodio. La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, una de las figuras clave durante el temporal que causó 228 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana, ha presentado ante el CGPJ una queja formal por el desarrollo de la instrucción judicial.
La denuncia, firmada por el letrado Eduardo de Urbano, sostiene que el derecho de defensa de Pradas está siendo “gravemente afectado” y acusa a la magistrada instructora de tomar decisiones sin respaldo probatorio suficiente, denegar pruebas relevantes y limitar las posibilidades de defensa de la exresponsable política.
⚖️ Un proceso “viciado” desde el inicio, según la defensa
La defensa de Pradas no escatima en críticas. En su escrito al órgano de gobierno de los jueces, enumera una serie de supuestas “irregularidades procesales” que, a su juicio, comprometen la imparcialidad del proceso:
- Resoluciones con “afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente”.
- Predeterminación del objeto de la investigación.
- Reiteradas denegaciones de pruebas solicitadas.
- Limitación del derecho de defensa durante las declaraciones.
- Intervención de personas “ajenas” al procedimiento judicial.
- Uso de noticias periodísticas no contrastadas como base de resoluciones.
- Excesiva duración de la práctica de diligencias de prueba.
“Este no es solo un juicio a una exconsellera, es una causa con una dimensión institucional que exige el máximo respeto a las garantías procesales”, indicó de Urbano. “Y no lo estamos viendo.”
🧑⚖️ La jueza de Catarroja, en el foco
La queja se dirige directamente contra la actuación de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de investigar las responsabilidades penales en la gestión del temporal del 29 de octubre. Pradas ya declaró en sede judicial y desde entonces ha sido señalada como una de las principales responsables de la cadena de decisiones institucionales durante la emergencia.
La jueza ha mantenido un perfil discreto, pero en el entorno judicial se habla de una instrucción “compleja y bajo fuerte presión mediática y política”.
🌧️ Una DANA con consecuencias judiciales inéditas
El caso DANA no solo se ha convertido en el mayor desastre natural reciente de la Comunitat Valenciana, sino también en una de las investigaciones judiciales más intensas. La cifra de fallecidos, la presunta falta de previsión, los errores en el sistema 112, el retraso en el envío del ES-Alert, y la respuesta tardía de la administración han generado una tormenta política y judicial de primera magnitud.
Además de Pradas, hay otros altos cargos investigados, y el listado de citaciones se amplía semana a semana. Las asociaciones de víctimas reclaman justicia y exigen la comparecencia de responsables políticos, entre ellos el president Carlos Mazón, que por ahora no ha sido llamado a declarar.
📣 ¿Cuáles son los argumentos de Pradas?
En el documento remitido al CGPJ, la defensa de la exconsellera no se limita a una queja genérica. Presenta un listado preciso de lo que considera vulneraciones al proceso justo:
- Resoluciones sin base probatoria: La jueza habría emitido autos con afirmaciones sobre la implicación de Pradas sin pruebas suficientes.
- Limitación en el ejercicio de defensa: Durante su declaración, se habría impedido a su defensa realizar ciertas preguntas y plantear matices claves.
- Pruebas denegadas: La defensa lamenta la negativa a practicar diligencias solicitadas para demostrar la correcta actuación de la Conselleria durante la emergencia.
- Uso de prensa como prueba: El equipo legal critica que se utilicen reportajes o declaraciones periodísticas no contrastadas para sustentar decisiones judiciales.
- Intervenciones externas: Apuntan a la presencia e influencia de personas ajenas al proceso que habrían incidido en el enfoque de la instrucción.
👥 Reacciones políticas y sociales: apoyo cerrado y escepticismo
El Partido Popular ha cerrado filas en torno a Pradas. “Es una persona íntegra, profesional y comprometida. Estamos convencidos de su inocencia y confiamos en que se aclarará todo”, dijo el portavoz del PP en Les Corts.
Desde Compromís, en cambio, se muestran más críticos. “En vez de asumir responsabilidades, el PP judicializa a los jueces. ¿Dónde queda la separación de poderes?”, señaló la diputada Mireia Mollà.
En la calle, la ciudadanía está dividida. “Todos tienen derecho a defenderse, pero lo que pasó no tiene perdón”, comenta un vecino de Paiporta, localidad duramente afectada por la DANA. “Queremos verdad, no excusas”, añade otra residente de Massanassa.
🔍 ¿Qué puede hacer ahora el CGPJ?
La queja presentada por la defensa de Pradas es una herramienta legal para denunciar posibles irregularidades en la actuación de un juez. El Consejo General del Poder Judicial puede archivarla, pedir explicaciones a la magistrada, o, en casos extremos, abrir un expediente disciplinario.
Sin embargo, lo habitual en estos casos es una revisión interna que rara vez tiene consecuencias inmediatas, salvo que se detecten vulneraciones flagrantes de los derechos procesales.
📅 ¿Y ahora qué? El caso sigue su curso
Mientras tanto, la instrucción judicial del caso DANA continúa. Está previsto que en las próximas semanas se cite a más técnicos de emergencias, responsables políticos y funcionarios. La jueza aún no ha cerrado el calendario de actuaciones ni ha decidido si la causa se dividirá por bloques o se mantendrá unificada.
Salomé Pradas, por su parte, espera una resolución que le permita limpiar su nombre, según ha trasladado a su entorno.
🧠 Conclusión: entre la defensa legítima y el pulso institucional
La queja de Salomé Pradas ante el CGPJ refleja una estrategia jurídica común, pero también un pulso simbólico. En un caso de esta envergadura, donde hay dolor, presión política y responsabilidad pública, cada paso cuenta. Y el equilibrio entre justicia y garantías procesales se convierte en una prueba de fuego para el sistema.
La pregunta sigue en el aire: ¿se está investigando con imparcialidad o ya hay un veredicto implícito en la opinión pública?
