El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb bloquear casi 66.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales, algunos de los cuales se encuentran en la Comunitat Valenciana. La Dirección General de Consumo del Ministerio ha exigido a la filial irlandesa de Airbnb la eliminación de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos, ya que incumplen la normativa sobre publicidad de alojamientos turísticos.
La acción del Ministerio se basa en la detección de infracciones a las normativas de diferentes comunidades autónomas. Todos los anuncios corresponden a viviendas completas de uso turístico, sin incluir habitaciones individuales. En los últimos meses, el Ministerio ha enviado a Airbnb tres resoluciones notificando estos anuncios ilegales, solicitando su bloqueo por parte de la empresa.
Airbnb llevó el caso a los tribunales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado las actuaciones de Consumo, ordenando la retirada inmediata de 5.800 anuncios de pisos turísticos. La Dirección General de Consumo destaca tres motivos principales de ilegalidad en los anuncios: la falta de número de licencia o registro, la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores y la inclusión de números de licencia falsos.
El TSJM ha identificado que los anuncios ilegales afectan a comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares y País Vasco. En respuesta, el ministro Bustinduy ha expresado su intención de colaborar con las administraciones para combatir la ilegalidad en el sector de alojamientos turísticos, promoviendo el acceso a la vivienda y protegiendo los derechos de los consumidores.
El Ministerio de Consumo está implementando medidas adicionales y recopila información a través de la Unidad de Análisis de Consumo, ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones. En diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler turístico por posible incumplimiento en la publicidad del número de licencia. En febrero de 2025, también se abrieron expedientes a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar adecuadamente la naturaleza jurídica del arrendador. Estos procedimientos siguen su curso, al igual que otro expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos, iniciado el 27 de marzo.
