Servicios Sociales busca acelerar la valoración de discapacidad en la Comunidad Valenciana
El síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha concluido su investigación sobre las significativas demoras en la valoración de la discapacidad. La Conselleria de Servicios Sociales se ha comprometido a adoptar algunas recomendaciones para abordar esta problemática, como reforzar temporalmente el personal y agilizar los trámites, en respuesta a un atasco que afecta a 61,000 expedientes pendientes.
La Sindicatura de Greuges ha informado que la valoración oficial de discapacidad es crucial para acceder a ayudas y derechos sociales. Sin embargo, en la comunidad, hay decenas de miles de personas que llevan más de un año a la espera de que su solicitud sea revisada, lo que ha provocado un gran descontento social y un aumento notable de quejas ciudadanas desde 2024.
El defensor del pueblo valenciano ha propuesto nueve recomendaciones a la Conselleria de Servicios Sociales. Entre ellas, resaltan la urgente necesidad de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implementación de una nueva herramienta informática y mejorar la información sobre los plazos de resolución para los solicitantes.
La Conselleria ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque no ha especificado plazos para su cumplimiento. La administración ha prometido contratar temporalmente a 24 nuevos profesionales para fortalecer los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante. Además, planea aprobar una nueva orden que regule el procedimiento, acelerar la implantación de una aplicación informática para la gestión y colaborar con las organizaciones sociales para ofrecer mejor atención y asesoramiento a las personas con discapacidad.
Estas medidas buscan disminuir el número de expedientes pendientes, que supera los 61,000 en la Comunidad Valenciana, una cifra que evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes.
Sin embargo, la administración ha rechazado ciertas recomendaciones, como informar individualmente sobre el tiempo estimado de resolución de cada expediente, argumentando que supondría una carga administrativa extra que no está prevista en la legislación. También ha descartado crear más equipos de valoración a nivel departamental y emitir resoluciones provisionales para aquellos pendientes de revisión. Estas medidas habían sido consideradas razonables y necesarias por el Síndic para asegurar una buena gestión administrativa y reducir la incertidumbre de quienes esperan respuesta.
Ángel Luna recordó que el tiempo medio de espera para la valoración de discapacidad es de un año y medio actualmente, y anunció que supervisará el cumplimiento de las medidas aceptadas.
