Los Servicios Sociales se comprometen a agilizar trámites para reducir el “atasco” en la valoración de la discapacidad
El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha concluido su investigación de oficio sobre las “graves demoras” en la valoración de la discapacidad tras obtener el “compromiso” de la Conselleria de Servicios Sociales de adoptar “algunas” de las recomendaciones para abordar el problema. Entre las medidas propuestas se encuentran reforzar temporalmente el personal y agilizar los trámites con el objetivo de reducir el “atasco” en las valoraciones, ya que actualmente hay 61.000 expedientes pendientes.
La Sindicatura de Greuges destaca en un comunicado que la valoración oficial del grado de discapacidad es un “paso imprescindible” para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando la revisión de su expediente. Esta situación ha generado un “gran malestar social” y un “notable incremento de quejas ciudadanas” desde 2024.
El defensor del pueblo valenciano propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que resaltan la urgente necesidad de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implementación de una nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes.
Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque no ha concretado plazos para su implementación. La administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los centros de valoración y orientación de discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante. Asimismo, se prevé aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento, acelerar la implementación de una aplicación informática para facilitar la gestión y colaborar con organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y asesoramiento a las personas con discapacidad.
La Conselleria espera que estas medidas contribuyan a reducir el volumen de expedientes pendientes, que actualmente supera los 61.000 en toda la Comunitat Valenciana. Esta cifra evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.
Por otro lado, la administración ha rechazado la recomendación de informar individualmente a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, argumentando que supondría una “carga administrativa extra no prevista en la ley”, según el Síndic. También se descarta la creación de más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y la emisión de resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión. Estas medidas son consideradas “razonables” y “necesarias” por el Síndic para garantizar una buena administración y reducir la “incertidumbre” de las personas afectadas.
Luna ha recalcado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio, y ha anunciado que realizará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.
