La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud ha recurrido a la Audiencia Provincial de Valencia para que revise la decisión del juzgado a cargo de la gestión de la dana, que determinó no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a varios altos funcionarios autonómicos, entre ellos el subdirector de Emergencias.
El juzgado número 3 de Catarroja, en un auto del 8 de mayo, determinó que la falta de información atribuida al presidente de la CHJ, Miguel Polo, sobre el caudal del barranco del Poyo, no era cierta, ya que se habían enviado correos a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Además, destacó que el simple hecho de formar parte de la administración autonómica no era motivo suficiente para imputar al director de Emergencias, al subdirector y a la jefa de servicio.
Frente a esta decisión, la asociación presentó un recurso alegando que Miguel Polo reconoció que no se realizaron llamadas de aviso durante la crecida y apenas se enviaron correos electrónicos. Por su parte, la declaración de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat, ante el juzgado, respaldó esta posición al indicar que la CHJ no informó adecuadamente al Cecopi sobre los correos ni su contenido.
La asociación considera que era deber del presidente de la CHJ informar al Cecopi sobre la situación crítica, esencial para la toma de decisiones en protección civil. Argumenta que Polo actuó de forma negligente al no comunicar a Protección Civil que el caudal había superado los 150 m³/s en varias ocasiones, incumpliendo el protocolo del organismo.
En cuanto a Alberto Javier Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias y Extinción de Incendios, la asociación subraya que tenía la obligación de gestionar eficazmente la emergencia y mantener informada a la ciudadanía, pero permitió un parón de más de dos horas en una reunión crítica del Cecopi durante la crecida del barranco.
Respecto a Jorge Suárez, subdirector de la agencia AVSRE, se destaca su inacción pese a tener a su disposición información crítica en tiempo real a través del SAIH y del mando avanzado del 112, no emitiendo instrucciones oportunas para alertar a la población.
Finalmente, sobre Inmaculada Piles Alepuz, jefa de Servicio de Emergencias, se le atribuye no haber tomado medidas preventivas efectivas a pesar de contar con informes cruciales, incumpliendo gravemente su papel de garantista en la emergencia, al no implementar alertas, restricciones de acceso o instrucciones adecuadas.
