Valencia Noticias | Redacción.- Un Guardia Civil que en 2009 fue acusado de cobrar propinas a vendedores ambulantes irregulares de la Isla de la Cartuja por alertarles contra las patrullas de la Policía Local de Sevilla, ha sido finalmente sancionado con seis meses de suspensión por el Tribunal Supremo.
La Dirección General de la Guardia Civil suspendió durante cinco años al guardia, un cabo primero, que recurrió ante el Ministerio de Defensa, rebajándosele a seis meses la sanción. Sin embargo, el agente volvió a recurrir ante el Supremo que, finalmente, ha confirmado la sanción impuesta por el ministerio argumentando que las alegaciones que hizo en su defensa ya fueron tomadas en cuenta para rebajar la sanción de cinco años a seis meses y que por tanto no tiene objeto volverlas a tener en cuenta.
Los hechos se conocieron cuando agentes de la Policía Local de Sevilla intervinieron a unos vendedores irregulares o manteros que ocupaban los puestos de los vendedores autorizados en un mercado callejeros cuando éstos se marchaban. Al realizar dicha intervención, los vendedores mostraron su extrañeza explicando que ya habían pagado a dos agentes -realmente un guardia civil jubilado y el ahora expedientado-.
Tras una investigación de la propia Guardia Civil, se confirmó que efectivamente el expedientado actuaba, mediante walkie talkies y un mapa con los puestos del mercadillo, tenía establecido un sistema para ‘colocar’ a los vendedores ilegales y, llegado el caso, avisarles de la llegada de los agentes de la Policía Local.
Sus superiores, corroboradas las sospechas, decidieron abordarle en el lugar de los hechos y pedirle explicaciones, a lo que el hombre expresó que se hallaba en situación de necesidad por la hipoteca que soportaba y que se veía obligado a sacarse un extra, y que no creía estar haciendo nada malo.
