Alicante, 3 de octubre – La huelga de conductores de autobuses interurbanos en Alicante, convocada por el comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, parte de Vectalia, se está desarrollando con “normalidad”, según ha informado la empresa encargada del servicio. Por otro lado, el comité de empleados ha criticado la actitud “represiva” de la compañía.
Ambas partes han ofrecido sus versiones de los hechos a través de comunicados. La empresa ha declarado que la jornada avanza “sin incidentes relevantes” y que los “servicios mínimos se están cumpliendo con normalidad”, expresando también sus disculpas por “las molestias que esta protesta pueda causar a los usuarios del transporte público”. Además, La Alcoyana ha enfatizado que sigue abierta al “diálogo con los representantes de los trabajadores” y afirma que “algunas medidas de la plataforma de reivindicaciones ya están implementadas”.
Respecto al presupuesto, la empresa afirma que satisfacer todas las demandas sindicales “impondría un incremento de costes insostenible, comprometiendo su viabilidad y su posición en el mercado de transporte de viajeros por carretera en Alicante”.
El comité de empresa, por su parte, ha denunciado que solo se les ha permitido acceder a su sala a través de un “pasillo vallado”, y que se les ha solicitado firmar un “documento represivo e ilegal”, lo que consideran una “amenaza inaceptable en el ejercicio de un derecho fundamental”.
Además, el comité ha acusado a la empresa de modificar “unilateralmente” los servicios mínimos, sin previa notificación, lo que ha causado tensiones y ha impedido controlar adecuadamente estos servicios y detectar posibles deficiencias en los autobuses. El fallo en el servicio de la línea 24 y el malestar entre los usuarios han sido notables, con más de cinco conductores requiriendo atención médica debido a ataques de ansiedad.
El comité también critica a La Alcoyana por difundir un comunicado que consideran “falso y lleno de mentiras”, acusándola de culpar injustamente al comité por amenazar la viabilidad de la empresa. Según el comité, la empresa mantiene un contrato de emergencia con la Generalitat Valenciana que asegura un equilibrio económico con un beneficio garantizado y ha ampliado su servicio desde junio, mejorando las condiciones financieras.
Por último, el comité señala que la explotación de la línea C-6, que transporta anualmente a más de un millón de pasajeros a un costo de 4,6 euros por billete, es un negocio lucrativo que no se incorpora al contrato de emergencia para reducir la necesidad de financiación pública, incrementando así los beneficios privados de la empresa. En este sentido, denuncian que el problema no es de viabilidad económica, sino de “avaricia subvencionada con dinero de las administraciones”, ya que, según el comité, la empresa no está en riesgo, sino que busca mejorar sus márgenes a costa de trabajadores y usuarios, mientras se presenta como víctima ante la opinión pública.
