La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) ha expresado su oposición a la propuesta del Ayuntamiento de Valencia que permitiría la legalización de más de 4.000 apartamentos actualmente utilizados como alojamientos turísticos. La presidenta de la FAAVV, María José Broseta, argumentó que la convivencia entre viviendas turísticas y residenciales es imposible y no se debe permitir que esta situación se normalice y expanda.
La FAAVV ha presentado sus alegaciones respecto al cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesto por el consistorio, el cual eliminaría la actual incompatibilidad entre viviendas de uso residencial y turístico, lo que equivaldría a legalizar esos más de 4.000 inmuebles. Según la Federación, esta medida agravaría el acceso a la vivienda, un problema ya existente. Broseta señaló que las sentencias judiciales han confirmado que los alojamientos turísticos deben ubicarse en áreas destinadas a actividades terciarias hoteleras, por debajo de las residenciales.
La modificación urbana planeada por el Ayuntamiento es criticada por la FAAVV, ya que busca redefinir el término ‘Terciario Hotelero’, eliminando de facto las restricciones que limitan esta actividad. La presidenta de la Federación destacó que, en vez de perseguir el alojamiento turístico ilegal, las autoridades locales pretenden legalizarlas, afectando el ya precario mercado de alquileres de larga duración. Broseta añadió que se presentaron alegaciones, pero considera que será necesario movilizarse para proteger la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda.
En este contexto, Broseta comparó la situación de Valencia con Barcelona, que ha anunciado el fin de las licencias de viviendas turísticas para noviembre de 2028. Insistió en que es imprescindible regular el futuro y devolver las viviendas al uso residencial para aliviar los problemas en los barrios, sin legitimar las actividades turísticas que afectan a las viviendas actualmente.
