Valencia, 24 de julio de 2025.
La presión sobre María Jesús, la última inquilina de un edificio del barrio del Carmen de Valencia, se ha intensificado este jueves cuando se han producido momentos de tensión entre la policía y grupos de apoyo a víctimas de fondos buitre. La vecina asegura tener un contrato de renta antigua en vigor hasta 2029 y denuncia un acoso inmobiliario creciente para forzarla a abandonar la vivienda.
La escena ha tenido lugar en el número correspondiente a la calle Soguers, donde María Jesús vive sola en el edificio desde hace décadas. Desde el balcón, ha grabado con su teléfono la situación, visiblemente afectada.
“Me va a dar un ataque, no puedo trabajar. Soy autónoma y ya he tenido que cancelar encargos con tres clientes”, ha explicado ante los medios.
Denuncia de acoso e intento de desalojo encubierto
La afectada ha relatado que hace unos días, al regresar tras una breve ausencia, encontró la puerta de su casa arrancada, sanitarios y mobiliario rotos, y sus pertenencias esparcidas por el rellano. Una acción que interpreta como un nuevo intento de desalojo encubierto, en una vivienda que ocupa legalmente y que fue alquilada por su familia hace generaciones.
Desde 2020, María Jesús asegura haber sido víctima de constantes presiones por parte del fondo que adquirió el edificio. Este jueves, la presencia policial impedía incluso el acceso a familiares, como su hermano, que protestaba en la puerta:
“Me dicen que no puedo entrar, pero es mi hermana la que vive aquí”.
Apoyo vecinal y crítica a la pasividad institucional
Varios vecinos se han concentrado en la calle para mostrar su apoyo, reclamando una solución justa y el fin del acoso inmobiliario. María Jesús, por su parte, no descarta abandonar la vivienda si se alcanza una negociación digna, aunque por ahora no tiene ninguna alternativa habitacional.
“Por eso ya había empezado a recoger mis cosas, pero no de esta manera”, lamenta. También pide ayuda a las instituciones para frenar lo que considera una campaña sistemática de presión para vaciar el edificio.
Seguridad privada y cerco al entorno
El fondo buitre, a través de una empresa de seguridad, ha blindado el acceso al edificio, impidiendo la entrada incluso a familiares directos. María Jesús es la única vecina que queda tras varios desalojos, y denuncia que la situación se ha vuelto insostenible.
