La jueza de Catarroja (Valencia) que dirige la investigación sobre la dana ha decidido, a solicitud de una acusación particular y la popular representada por Compromís, citar como testigos a los escoltas y al chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación con los eventos ocurridos el 29 de octubre de 2024, entre las 15:00 y las 21:00 horas.
La magistrada considera relevante que estos testigos pudieran haber escuchado algunas llamadas o comentarios relacionados, vinculados al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien también está siendo investigada, al igual que Emilio Argüeso, su segundo en aquel momento. Se sustenta en argumentos similares a los presentados en el auto de la Audiencia Provincial, que ordenó la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, quien almorzó con el presidente el día de los hechos.
El auto judicial, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), califica como “hecho indiscutible” la intención de Salomé Pradas de contactarse con el presidente de la Generalitat. Este punto es refrendado por un acta notarial que clasifica las llamadas en cuatro categorías, utilizando tanto las declaraciones de Pradas como la revisión de registros telefónicos.
El documento notarial detalla las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Pradas, especificando día (29 de octubre de 2024), hora, si eran entrantes o salientes, duración, y si fueron canceladas o no respondidas. La jueza aclara que la diferencia entre llamadas no respondidas y canceladas refuerza que estas últimas no se completaron, dejando abierto que el teléfono podía haber estado apagado, en modo avión, o bloqueado. No se han detectado impedimentos técnicos para la comunicación entre el presidente y Pradas.
A las 19:34 horas, el presidente reanuda sus llamadas, pero no con Pradas, quien intentó comunicarse a las 19:36 horas sin éxito, registrándose como una “llamada cancelada”. La jueza observa que las acciones de Pradas para cancelar estas llamadas no concuerdan con la categorización del acta notarial.
Además, la jueza Nuria Ruiz Tobarra destaca que, con el paso de las horas, la urgencia por actuar habría aumentado para Pradas, quien intentó sin éxito contactar con el presidente hasta en tres ocasiones. Estas intentonas reflejan su intención de contactar, corroborada por las llamadas hechas a las 16:29, 19:10 y 19:36 horas, clasificadas como “canceladas” en el acta. Finalmente, el presidente efectuó una llamada a las 19:43 horas y mantuvo otra a las 20:10 horas, justo antes del envío del sistema Es-Alert.
En este contexto, la jueza considera plausible que Mazón tuviera conocimiento del envío inminente del Es-Alert, dada la rapidez del envío, que tomó solo 2 minutos y 35 segundos. La posibilidad de que el chófer o los escoltas escucharan dichas conversaciones hace necesaria su declaración.
Por el contrario, la jueza desestima la citación de los bedeles del Palau de la Generalitat por considerar poco probable que hubieran escuchado alguna comunicación relevante. También se ha solicitado obtener imágenes de la llegada de Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias, registrando la hora.
Finalmente, una diligencia de ordenación ha permitido la recepción y traslado a las partes de varios informes enviados por la Conselleria de Emergencias en respuesta a requerimientos judiciales.
