El alcalde de Almussafes, Toni González, ha anunciado este martes la presentación de una denuncia por injurias y calumnias contra la mujer que lo acusó de acoso sexual y laboral dentro del PSOE. El propio González ha hecho pública la decisión a través de un comunicado en redes sociales, en el que afirma que la acusación es falsa y que ha decidido actuar judicialmente tras una “reflexión profunda”.
En el mismo mensaje, el alcalde ha revelado que también ha interpuesto otras dos denuncias contra personas de su entorno más cercano: una por injurias y otra por amenazas muy graves. Según explica, estas acciones legales forman parte de una respuesta a lo que describe como una campaña prolongada de desprestigio personal y político.
González sostiene que la denuncia por acoso “no es un hecho aislado”, sino “el punto culminante de una campaña de acoso y derribo” que, según afirma, se inició hace más de cuatro años con el objetivo de dañar su imagen política, personal, familiar y profesional. Durante ese tiempo, asegura haber sido víctima de presiones y amenazas de especial gravedad.
El alcalde de Almussafes afirma haber aportado a la justicia el testimonio de varios vecinos del municipio que, según señala, “han presenciado en primera persona los hechos” que ahora están siendo objeto de investigación judicial. Con estas pruebas, González asegura que su intención es llegar “hasta las últimas consecuencias” para restituir su reputación y exigir responsabilidades a quienes, en su opinión, han actuado de mala fe.
El caso tuvo un fuerte impacto político cuando trascendió la acusación inicial, que llevó al PSPV a suspender cautelarmente a Toni González de militancia y de sus cargos orgánicos dentro del partido. No obstante, recientemente la ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE de la Ribera Baixa aprobó una moción en defensa tanto del alcalde como de la secretaria general comarcal, Manoli Egea, que también había sido apartada de la gestora designada por el partido en la localidad.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el alcalde insiste en que su objetivo es aclarar los hechos y reparar el daño causado a su imagen pública. “Quienes han actuado de mala fe deberán asumir las consecuencias de sus actos”, concluye en su comunicado.
