Torrescamara llevará a cabo la urbanización del PAI Malilla Sur, un proyecto que permitirá la construcción de 115 viviendas públicas en Valencia. Esta iniciativa, atascada desde hace años, se encuentra en un terreno ubicado cerca del Hospital La Fe y la denominada finca ‘solitaria’, rodeada de solares en el Bulevar Sur y las vías del tren.
En la próxima reunión del Consejo de Administración de AUMSA, se adjudicarán oficialmente las obras del Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para el desarrollo del sector PRR-7 Malilla Sur. Este plan contempla la construcción de 113 viviendas de protección pública. Según Juan Giner, concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, la administración liderada por M.ª José Catalá prioriza la construcción de viviendas y ha implementado medidas tanto a corto como a largo plazo. Mientras el Plan + Vivienda avanza con más de 1.000 hogares proyectados, es momento de iniciar los proyectos de urbanización que permitirán su desarrollo futuro.
La urbanización, que abarca 35.700 metros cuadrados, implica varias acciones: el Ayuntamiento de Valencia dispondrá de un terreno de aproximadamente 300 metros cuadrados para edificar 33 viviendas de protección pública, mientras que Aumsa contará con dos parcelas de 705 metros cuadrados cada una para 80 viviendas más. El resto del terreno incluye áreas designadas para usos terciarios, viales, zonas verdes y una porción de más de 1.000 metros cuadrados propiedad de Adif.
El proceso de licitación atrajo a cuatro empresas: Bertolín, Orthen, Torrescamara y Vilor Infraestructuras, con un presupuesto base de 5,2 millones de euros. La oferta se adjudicará a Torrescamara por un valor de 5 millones de euros. En cuanto a la dirección de obras, la adjudicación recae en Oficina Téncia Tes.
Este proyecto es un ejemplo del enfoque del actual gobierno para abordar la situación de la vivienda en Valencia, regenerando una zona que ha esperado décadas su desarrollo. La administración anterior, liderada por Ribó, había lanzado una licitación en 2022 con un presupuesto de 3,9 millones de euros para 290 viviendas, pero quedó desierta debido al aumento de los costes de materiales. La gestión de Catalá revisó el gasto de urbanización, incrementándolo a cinco millones de euros. Tras la finalización de la urbanización, estimada en diez meses, el Ayuntamiento decidirá cómo gestionar las parcelas resultantes, optando entre la empresa pública Aumsa o un modelo de colaboración público-privada.
