Tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante citados este viernes como testigos en la investigación judicial sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en un residencial de la playa de San Juan no se presentaron en el juzgado.

La causa investiga el polémico reparto de pisos protegidos en la promoción conocida como Les Naus, situada en una de las zonas más cotizadas de Alicante.

La jueza ordena nuevas citaciones entregadas en mano

Los funcionarios que no comparecieron son:

• Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial.
• Pablo Torregrosa, técnico de Gestión Patrimonial.
• Antonio Faura, arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.

Ante la ausencia, la magistrada instructora ha ordenado que las nuevas citaciones sean entregadas personalmente por la policía para evitar nuevas incomparecencias.

Los tres técnicos tampoco acudieron en su día a la comisión municipal de investigación creada por el pleno del Ayuntamiento para analizar el caso.

Funcionarios de la Generalitat sí declararon

En cambio, cuatro técnicos de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana sí comparecieron este viernes ante el juzgado de Benalúa.

Estos funcionarios participaron en la revisión de los 140 expedientes de adjudicación y elaboraron informes internos sobre posibles irregularidades detectadas en el proceso.

Sin embargo, las acusaciones populares consideran que las declaraciones no aportaron información especialmente relevante.

Un funcionario admitió que su unidad familiar obtuvo una vivienda

Una de las funcionarias declaró que mantenía una relación de confianza con Roberto Palencia, el técnico que validó en solitario los expedientes investigados.

Según explicó ante la jueza:

• Palencia reconoció en una reunión interna que su unidad familiar se había quedado con uno de los pisos protegidos.
• No admitió otras irregularidades relacionadas con más adjudicatarios.

El caso ha generado una enorme polémica política y administrativa en Alicante.

La investigación apunta a posibles adjudicaciones irregulares

La causa judicial trata de esclarecer si varias viviendas protegidas terminaron en manos de:

• Personas cercanas a cargos municipales.
• Funcionarios del Ayuntamiento.
• Entornos vinculados al Partido Popular.

Actualmente hay 15 personas investigadas que deberán declarar entre el 20 de mayo y el 5 de junio.

Entre ellas figuran:

• La exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez.
• La exdirectora general municipal María Pérez-Hickman.

Ambas dimitieron tras estallar el escándalo.

Viviendas protegidas en una de las zonas más exclusivas de Alicante

La promoción investigada se construyó entre 2018 y 2022 sobre un solar municipal en la zona de la Condomina y la playa de San Juan.

Según la promotora Fraorgi SL, el complejo incluye:

• 140 viviendas protegidas.
• Piscina.
• Club social.
• Zonas deportivas.
• Garajes y trasteros.

La justicia investiga ahora si la compra de estas VPP, valoradas en torno a 215.000 euros y vendidas por debajo de mercado, se realizó conforme a la legalidad.