El TSJ devuelve a los concertados las aulas suprimidas por Marzà

Por la libertad de enseñanza manifestación en Valencia de educación concertada con la supresión de conciertos 20170506_172849 (15)La justicia anula parcialmente de esta forma el decreto del Consell que regula la enseñanza concertada y Marzà anuncia que recurrirá

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha estimado parcialmente trece recursos interpuestos contra el decreto del Consell que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para su acceso o renovación, lo que anula parcialmente esa norma y obliga a la Conselleria de Educación, dirigida por el conseller Vicent Marzà, a mantener las aulas concertadas que no renovó.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avalan la legalidad de parte de la norma recurrida y reconocen que la Generalitat «no está obligada a concertar», pero le impide suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor, tal y como informó el TSJ en un comunicado ayer.

La Sala afirmó que si la Administración autonómica «opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total» pero precisó que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, «si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado» que impide extinguir por decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

«Contraria a Derecho»

«La Administración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos». La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción. «La razón es obvia, es contraria a Derecho», señaló la Sala en sus resoluciones.

En ellas establece asimismo que la Administración Autonómica «no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto».

El Estado, añadieron los magistrados, «ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza».

Pero «una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias, queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos», apunta el texto, y añade que la Generalitat «no puede escudarse en que no está obligada a concertar».

Por su parte, la Generalitat anunció que recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La Conselleria de Educación aseguró que no comparte la resolución del Alto Tribunal.

Señaló que no se entiende por qué se obliga a los valencianos a pagar unas unidades que no es necesario concertar, porque «con la oferta de plazas que tenemos en los centros sostenidos con fondos públicos está más que asegurada». También remarcó que las unidades de algunos centros a las cuales se refiere el órgano judicial corresponden a Bachillerato y que la valenciana es de las pocas autonomías que concierta este nivel.

Quedan otros recursos pendientes

El Tribunal Superior de Justicia indicó también que todavía quedan otros recursos pendientes de otros colegios y que si la Generalitat recurre estas sentencias, los afectados podrían solicitar su ejecución provisional.

El TSJ de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a los colegios concertados las aulas suprimidas

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor
Autor
Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, reconoce que la Generalitat Valenciana “no está obligada a concertar”; admite que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por Decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Adminsitración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (…). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (…). La razón es obvia, es contraria a Derecho”, señala la Sala en sus resoluciones en las que establece que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanazas no obligatorais. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias (…) queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”. La Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar”.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”. “En el supuesto que nos ocupa”, señala el Tribunal en relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de Valencia, “se ha limitado a rellenar unos impresos. El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime (…). Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”.

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