UGT lleva ante el TSJ las instrucciones de inicio de curso de Secundaria por “marginar el valenciano”
Valencia, 28 de julio. UGT Serveis Públics-Ensenyament del País Valencià ha interpuesto un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra las instrucciones de inicio del curso 2025-2026 emitidas por la Conselleria de Educación. El sindicato argumenta que estas imposiciones son ilegales y buscan la marginalización del valenciano.
El recurso pone en tela de juicio dos artículos de dichas instrucciones; uno de ellos en relación al Bachillerato, al negar en las zonas de predominio lingüístico castellano la posibilidad de impartir enseñanza en valenciano, si así lo desean los centros, y suprimir el porcentaje mínimo del 25% en cualquiera de las lenguas oficiales, tal como estipula la normativa vigente, según señala el sindicato en un comunicado.
UGT Serveis Públics califica esta acción como una “medida deliberada de minorización del valenciano” y un obstáculo para promover y educar a los estudiantes en la lengua propia de la Comunitat Valenciana.
El segundo artículo cuestionado, según informa la organización sindical, introduce “el falso derecho de los estudiantes a realizar exámenes en la lengua de su elección, ya sea valenciano o castellano, sin considerar la lengua de enseñanza de la materia en asignaturas no lingüísticas”. Para el sindicato, esta medida carece de “sentido pedagógico o educativo”, ya que afecta el proceso de aprendizaje en ortografía, redacción, escritura, sintaxis y comunicación lingüística.
En opinión de UGT, esto representa “un atentado contra la autoridad y dignidad profesional del profesorado”, encargados de evaluar según criterios educativos, y es además un ataque a la autonomía de los centros para organizar aspectos educativos y pedagógicos, tal como lo reconoce la ley.
UGT sostiene que las acciones de la Conselleria ya han sido declaradas ilegales por varios tribunales, incluidos el TSJCV, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Argumentan que se está usando la Ley Rovira como un instrumento para cometer fraude de ley y desplegar medidas ilegales.
El sindicato solicita al TSJCV medidas cautelarísimas y cautelares para detener esta “agresión en la educación del alumnado” antes del inicio del curso.
Recortes en FP
Además, UGT ha presentado un recurso contra los recortes en las plantillas de Formación Profesional, ejecutados por la Conselleria bajo la nueva orden de plantillas. Acusan al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de reducir arbitrariamente la carga horaria de los grupos formativos a distancia de 30 a 25 horas semanales comparado con los grupos presenciales.
Según el sindicato, este ajuste resulta en una pérdida directa de más de 3.000 horas de docencia y en la eliminación de 167 plazas docentes en toda la Comunitat Valenciana. UGT describe esta medida como un recorte encubierto de personal que carece de justificación pedagógica y memoria económica, vulnerando el derecho a una educación pública de calidad.
El sindicato afirma que el conseller comete un abuso adicional contra el profesorado de FP, profundizando en la degradación de la educación pública valenciana tras romper el acuerdo de plantillas firmado por todos los sindicatos de la mesa sectorial. Finalizan señalando que “en los parches con los que se intenta sustituir el acuerdo, la Conselleria ejecuta nuevos recortes contra la educación valenciana”.
