Un guardia civil entrará en prisión por una discusión con el jefe

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Según nota de nota de prensa de la AUGC mañana se producirá el  el ingreso en el penal militar de Alcalá Meco a las 10.00 horas de un guardia civil condenado a cuatro meses por haber discutido con su jefe. Esta desproporcionada sentencia se deriva de la anacrónica aplicación del Código Penal Militar a los trabajadores de la Guardia Civil.

Los corruptos, en la calle; y los trabajadores honrados a la cárcel

Un hombre que no ha robado, ni estafado, ni agredido a nadie pasará los próximos meses de su vida privado de libertad. Su delito, haber discutido con el jefe. En pleno siglo XXI, el anacronismo de la aplicación del Código Penal Militar a los trabajadores de la Guardia Civil va a provocar, una vez más, una injusticia impropia de un país democrático y un Estado de derecho.

Sergio, guardia civil con doce años de servicio y un historial intachable, ingresará mañana jueves en el penal militar de Alcalá Meco para cumplir una condena de cuatro meses. Su crimen es el mismo que cualquiera puede cometer en un mal día en la oficina: tener unas palabras con un superior. Ayer lunes se le notificaba en el Juzgado Togado Militar 14 de Cartagena el ingreso en un penal militar antes de 72 horas.

Ésta es la consecuencia de que los trabajadores de la Guardia Civil continúen sujetos al Código Penal Militar, un sistema que actúa sobre los guardias civiles como un mecanismo represor en su relación laboral respecto a sus mandos, dado que les impide el acceso a una justicia independiente al proceder los dictámenes directamente desde el poder ejecutivo.

Esto da lugar a sentencias absolutamente desproporcionadas, como la que ahora condena a Sergio, y que provoca que una situación que en cualquier otro ámbito no sería considerada ni una falta administrativa, en este caso determine el encarcelamiento de un joven padre de familia honrado dedicado en su trabajo a velar por la seguridad de los ciudadanos. Una condena, además, ante la que no caben beneficios penitenciarios que sí se aplicarían con la justicia ordinaria, como, por ejemplo, la no ejecución de la pena en caso de no contar con antecedentes y ser ésta inferior a dos años.

Sergio, casado y con una hija a punto de cumplir los dos años,  ingresó en el Cuerpo en 2002, y en la actualidad se encuentra destinado en el puesto de la localidad murciana de Archena, después de haber trabajado durante cuatro años en la Comandancia de Guipúzcoa, donde tuvieron lugar los hechos por los que ahora ha sido castigado tan abusivamente.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado de forma reiterada la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, una cuestión que genera hechos tan difíciles de asumir por parte de la sociedad española como que, mientras que los corruptos que han saqueado las arcas públicas se paseen tranquilamente por la calle, haya servidores públicos que deban entrar en un penal militar por haber mantenido una discusión en su trabajo.

Para AUGC, esta situación supone otro recorte de derechos, un cúmulo de errores y de dejación de funciones por parte de la Administración, que permite que un guardia civil honrado y su familia tengan que pasar por un trance de enorme sufrimiento en una situación que remite más a un Estado totalitario que a uno democrático.

Ante este flagrante abuso, AUGC va a iniciar de inmediato una campaña para recabar apoyos sociales de toda índole con el objetivo de erradicar la nefasta herencia del siglo XIX que supone la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil,  impulsada además a lo largo de la presente legislatura por el Gobierno en su campaña de privación de derechos de los trabajadores del Cuerpo.

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

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