El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira ha reabierto la causa por presunto acoso a una concejala y ha citado a declarar como investigado al segundo teniente de alcalde del municipio, Enrique Montalvá, portavoz de UCIN y socio de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís. La comparecencia judicial está fijada para el 2 de julio.
La decisión judicial llega tras estimar la magistrada los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y la acusación particular, que recurrieron el archivo provisional acordado inicialmente. Como consecuencia, la jueza ha ordenado la práctica de nuevas diligencias de instrucción para esclarecer los hechos denunciados por la concejala Mar Chordà, antigua compañera de partido del investigado.
Declaraciones y testigos hasta julio
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza ha prorrogado la instrucción y ha establecido un calendario de comparecencias que incluye la ratificación de la denuncia, la declaración del investigado y el testimonio de 13 testigos.
La instrucción comenzará el 26 de febrero con la declaración de la denunciante y continuará durante los meses de marzo a junio con la comparecencia de los testigos. El proceso culminará el 2 de julio con la declaración judicial de Montalvá.
La causa se investiga inicialmente por un delito contra la integridad moral, tipificado en el artículo 173 del Código Penal, sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse en función del resultado de las diligencias.
Denuncia interna y ruptura política
En una comparecencia pública celebrada el pasado 9 de enero, Mar Chordà explicó que, antes de acudir a los tribunales, intentó resolver la situación por la vía interna y trasladó los hechos al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez (Compromís), y a la primera teniente de alcalde, Gemma Alós (PSPV).
Según relató, la reunión fue “breve y fría” y no percibió voluntad de activar mecanismos de protección ni protocolos de igualdad. Apenas 24 horas después, afirmó, fue apartada del gobierno municipal y se le retiraron todas las competencias, lo que derivó en su expulsión del ejecutivo local y, posteriormente, de su partido.
Chordà ha denunciado que, mientras ella era apartada, el edil denunciado se mantuvo en el gobierno e incluso asumió nuevas responsabilidades, y ha criticado que se trasladara a la opinión pública la idea de que el caso estaba cerrado, cuando el procedimiento judicial seguía abierto.
La reapertura de la causa, sostiene la concejala, confirma que el asunto nunca estuvo archivado de forma definitiva y vuelve a situar el foco judicial sobre el funcionamiento interno del gobierno municipal de Alzira.
